Como saben, el Ayuntamiento de Gijón y otros 400 municipios se disponen a revisar los valores catastrales de sus inmuebles. Y lo hacen, sin duda, en un mal momento. Justo cuando las economías familiares están más achuchadas con cosas como, por ejemplo, una incesante subida del Euribor o la inflación. Cierto es, por otra parte, que la misma se acoge plenamente a la Ley. Esto es, concurren todas las circunstancias legales y, por lógica, debe hacerse. Ahora bien, ninguno de los municipios va a proponer una bajada en sus tipos como forma de compensación. De eso, estoy seguro. Hace tiempo dijimos aquí, en Retorcida Realidad, que las administraciones públicas estaban sufriendo mermas muy importantes en la recaudación a tenor de la crisis (sin eufemismos, ya saben…). Máxime si observamos que nuestros ayuntamientos estaban plenamente imbricados con el urbanismo. Es decir, gran parte de sus ingresos provenían de ahí, de la excelsa economía del ladrillo. Impuestos como la conocida plusvalía municipal, licencias de obras o el mismo IBI eran el motor en muchos casos que servía para subsistir. Ahora, las cosas, sin embargo, han cambiado. Ya no son lo que eran y, por tanto, digamos, dicha subida no les viene nada mal. Más bien, diría yo, resulta de perlas y ninguno, fíjense, va a renunciar a ella.

Y es que, en un futuro próximo, observaremos como muchos de los servicios que nos ofrecen se verán incrementados. Cualquier tasa como la recogida de basuras, cualquier suministro como el agua o cualquier permiso que solicitemos tendrá irremediablemente subidas. En el caso del IBI, digan lo que digan, será un proceso doloroso. Subir un 120 por ciento el valor catastral traerá consecuencias para el bolsillo del ciudadano de dos maneras. Primera, de forma directa pagando más por el propio impuesto y segunda, indirectamente al ser éste referente para una serie de tributos (Plusvalía, Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones). Y a sufrir toca. No queda más.