La vicepresidenta del Gobierno anunció una serie de reformas que desencadenarán un fuerte debate social. Las mismas pretenden retocar la Constitución, transformar el Senado o revisar la Ley Electoral General (otro día comentaré algo sobre esto, por cierto). Pero la que más destaca, sin duda, es la reforma de la Ley de Libertad Religiosa vigente desde los años 80. Bien, para algunos esta iniciativa que ahora nos propone el Gobierno no es más que una “vendetta” contra la Iglesia católica. Es decir, todo un ajuste de cuentas por su participación activa durante la campaña electoral. Recuerden que, el Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, dijo «Después del 9 de marzo, ya nada podrá ser igual». Y, ahora, con esta “reforma suave” que se pretende llevar a cabo, parece que va a ser así.

Desde el Gobierno justifican la medida por dos motivos. Primero, como un avance hacia la laicidad del Estado y segundo, como «una adaptación de la norma a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy». Pero en el fondo, y este es mi pensamiento, de lo que estamos hablando es de dinero. Como saben la Iglesia católica recibe una cuantía importante para su financiación por parte del Estado. Esto, lógicamente, discrimina a otras religiones en lo que se refiere a lo económico, pero no en cuanto a sus derechos. Cualquier credo en España está amparo por la más absoluta libertad, máxime cuando desde 1992 existe un Acuerdo de Cooperación con el Estado que los reconoce. Por tanto, la garantía para practicar cualquier religión está más que cubierta y no sería necesario retocar nada por ese lado pero, claro, existe una destacada imbricación con la Iglesia católica que, ahora, por lo visto, se quiere matizar (meollo del cuestión, claro está). Estamos, pues, ante uno de esos debates que levantarán ampollas y no dejará indiferente a nadie. ¿Debe el Estado seguir manteniendo esa relación bilateral con la Iglesia católica o, en cambio, tiene que dársele igual trato que a otras?