Observo curioso como, al socaire de la polémica entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, soterradamente, se insiste una y vez en la siguiente argumentación. Más o menos viene a decir la misma que, se ha sido injusto con el Gobierno en las críticas de los Obispos, puesto que, estos, al fin y al cabo, reciben una importante cuantía de fondos públicos. Lejos de volver a analizar si el documento de la Iglesia fue o no correcto con respecto a anteriores ocasiones, me propongo demostrarles lo peligroso que es un discurso donde, las críticas y el dinero público, son incompatibles. Y es que, a uno le hubiese sentado mejor si la argumentación en contra del posicionamiento eclesiástico se hubiese llevado, no sé, por un camino que no condujese directamente a recordar que quien paga manda. Pero, claro, eso de «ya revisaremos el convenio con la Santa Sede» suena precisamente así. Y es que, el poder, siempre tiene tendencia a negarle el derecho a ponerse en contra a todo aquello que sufraga. Piensen si no cómo sentaría a cualquier Gobierno críticas de colectivos como parados o pensionistas, a los cuales, directamente, paga. Piensen si sería justo que, el trabajo en la función pública, estuviese sometido a dicha ley no escrita: si criticáis vuestra nómina nunca será revisada, por ejemplo. Piensen si, en definitiva, no es completamente humano y, por lo tanto, perverso, el pensar que a quien le das algo tiene que estar a tus órdenes, puesto que, en resumidas cuentas, le puedes cortar el grifo cuando quieras.