De un tiempo a esta parte cada vez que recibo la correspondencia de los bancos me echo a temblar. Según como tenga el día, abro las cartas con la misma angustia que cuando llega a mis manos una notificación de Hacienda o de la Dirección General de Tráfico. Pues bien, una entidad me acaba de comunicar una revisión de las comisiones que cobra por sus operaciones. Por supuesto al alza. Aumenta los gastos por mantenimiento, por transferencias, por el uso de cajeros, en las cuotas anuales de las tarjetas, etcétera. No hice el cálculo, pero la subida es sustancial en un montón de conceptos. Aunque la entidad en cuestión es de las que necesitan recapitalización, la reestructuración del sector llevará a una carestía generalizada de sus servicios. Son miles las oficinas a cerrar y los empleos a amortizar a través de un proceso que será costosísimo.

También recibí otra comunicación de otro banco distinto que me pone sobreaviso. A partir del 1 de diciembre, como consecuencia de la nueva Ley de Contratos de Crédito al Consumo, quedan modificadas las condiciones en los contratos de las tarjetas de crédito, de tal manera que la entidad podrá anular en cualquier momento esas tarjetas de forma unilateral simplemente con un preaviso al titular. Hasta no hace mucho tiempo, bancos y cajas perseguían a sus clientes para que hicieran uso hasta la saciedad de los créditos personales a través de las tarjetas: “Dispone usted de 6.000 euros para que lo gaste en lo que quiera”. Y muchos lo gastaban. Ahora ya no dan ni caramelos.

La nueva Ley de Contratos al Crédito al Consumo tiene como objetivo fundamental incrementar la transparencia del mercado financiero y también los niveles de protección al cliente. Si para algo ha servido la crisis financiera es para destapar las malas prácticas, tropelías y desaguisados que han protagonizado los bancos y cajas en todos estos últimos años. Atención, no sólo los españoles. Por lo general, todas las entidades han cometido abusos y engaños. En todos los sitios se comercializaron productos tóxicos, participaciones preferentes, obligaciones convertibles, swaps, depósitos estructurados…, que llevaron a sus titulares a cosechar pérdidas cuantiosísimas o totales. En Asturias, más de 15.000 personas se vieron afectadas por algunos de estos productos. Aunque ahora existe una mayor conciencia sobre esas acciones fraudulentas, no está de más mantener cierto nivel de cautela cuando te ofrecen algo que no figura en el catálogo del fondo de garantía de depósitos.

Y cojo otra carta, esta vez para hablarme de dividendos por unas pocas acciones que tengo en una institución financiera de cuando aquello del capitalismo popular. Me pagan los rendimientos en títulos sin retención fiscal, o en efectivo con la correspondiente retención. Si no hago nada, me dan acciones. Pero si quiero la pasta, tengo comunicarlo. Pues qué bien. En el buzón hay más sobres, pero no me atrevo…