Transcurridos dos meses de una guerra que no ceja de atornillar a Europa, una vez amainado el estallido solidario de la ciudadanía con las personas huyendo de las bombas, a veces también caótico por la espontaneidad arrolladora que llegó a poner en evidencia la rémora de la Administración, se ha conocido el balance oficial hasta la fecha sobre la población ucraniana que ha encontrado en Asturias su lugar de refugio. Las cifras gubernamentales del éxodo sobrepasan incluso las que se llegaron a barajar al principio. Según los datos de la Consejería de Presidencia, 1.006 personas solicitaron protección en la región desde el 8 de marzo, que fue cuando el Gobierno español puso en marcha el mecanismo de ayuda a los refugiados por la invasión rusa. Desde entonces, 760 ucranianos recibieron la tarjeta sanitaria, 219 niños han sido ya escolarizados en casi un centenar de centros educativos de la comunidad autónoma y el Principado, con los ayuntamientos y las entidades sociales, habilitaron 731 plazas de acogida para los desplazados.
Son algunos apuntes de la intervención institucional ante la mayor crisis humanitaria que hemos padecido en el continente en el último siglo. Fuera de la estadística habrá más números, pero con los que conocemos hay que congratularse del nivel de respuesta que Asturias está dando a estas víctimas del sátrapa. No ocurre así en otras comunidades a las que llegaron y de donde ahora se están marchando por su escaso apoyo. En esa reacción asturiana ejemplar, Gijón ha adquirido un protagonismo relevante. Primero a través de Expoacción, una organización solidaria que había adquirido una larga experiencia con Ucrania trayendo a niños de Chernóbil desde 2006 para disfrutar sus vacaciones en paz. Y luego, por el resto de entidades, las iniciativas particulares y el apoyo municipal, con su aportación al fondo de contingencia y la inclusión en la red de alojamientos destinados a los refugiados del Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces. El Instituto Jovellanos, por su parte, tiene abierta un aula de inmersión lingüística de carácter itinerante para facilitar la incorporación al sistema educativo de los alumnos ucranianos.
Más de la mitad de las familias que llegaron a la región están asentadas en esta ciudad. Aunque la mayor parte de ellas prevén regresar a su país cuando la guerra haya acabado, el hándicap tras la institucionalización de su estancia es facilitar su integración ayudándoles a que se abran camino, de tal manera que vean aquí un lugar real para rehacer la vida, porque demográficamente también los necesitamos.
Ahora bien, el reto es ofrecer esa oportunidad en una región que continúa destruyendo empleo, ahuyentando a los jóvenes y manteniendo la tasa de actividad más baja de España. Una situación que se agudiza con el empobrecimiento generalizado que está sufriendo la población como consecuencia de la inflación por los efectos de la propia guerra. Las entidades solidarias que todos los días trabajan atendiendo la pobreza están constatando un crecimiento alarmante del deterioro social en Gijón a causa de la asfixia económica. El Ayuntamiento prevé aumentar la cuantía de las ayudas al pago de la energía y se prepara para la posible avalancha de peticiones de rescate a familias en apuros similar a la que se produjo en el primer año de la pandemia.
Las medidas anticrisis aprobadas el miércoles por el Congreso suponen un alivio, pero no atajan la penuria en la que están cayendo muchísimos hogares que han pasado, en pocos meses, a tener enormes dificultades para llegar a fin de mes por la locura de los precios. Son claramente insuficientes, más aún cuando expiran en junio como si para entonces se esperara una repentina mejora del panorama. No parece que vayamos a tener esa suerte, pues el propio Gobierno acaba de certificar con la rebaja de las previsiones de crecimiento el frenazo que está registrando la economía. Por lo tanto, sería deseable que se extendieran tanto como la duración del tope al precio del gas que acaba de autorizar Bruselas para contener el aumento de la factura de la luz. Un año de vigencia para tener cubierto el próximo invierno, que de lo contrario amenaza con ser infernal.

Nota. Este miércoles está prevista la rúbrica del protocolo que, se supone, servirá para relanzar el plan de vías tras otro periodo de atasco de tres años. Los mismos signatarios, en el texto que ha trascendido, manifiestan que se trata de «una declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las partes para actuar con un objetivo común». Sin ninguna obligación, tal como recoge el documento. La conclusión, por lo tanto, es que la credibilidad o no de lo que se firme dependerá del grado de confianza que se tenga en cada uno de los firmantes.