La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratificando la calificación de los terrenos de Naval Gijón deja supuestamente expédito el camino al Ayuntamiento para empezar a desarrollar el plan de transformación de esa zona en un ‘distrito azul’. Decimos supuestamente porque más allá de la idea sobre la que ya se estaba dando vueltas desde la anterior Corporación, cuando se decidieron los usos del suelo en el PGO, hay que definir la fórmula para hacer viable una intervención que necesitará una buena cantidad de recursos públicos. Recursos ahora escasamente disponibles si se tiene en cuenta todos los frentes abiertos por la Administración local contra las posibilidades presupuestarias del municipio para más de una década.
El fallo judicial, a expensas de lo que pueda resolver el recurso que prevé interponer Pymar ante el Tribunal Supremo, cierra la puerta a la construcción de viviendas que planteaba reservar la entidad dueña de la parcela.
La petición de la agrupación empresarial, además de darle continuidad a la línea de transición residencial en la fachada marítima, facilitaba el cambio urbanístico en un enclave deteriorado tras el cierre del histórico astillero. El planteamiento era razonable si cuando se diseñó el plan general de ordenación se hubiera cogido el toro por los cuernos y en lugar de dejarse llevar por quienes sostenían que detrás de la operación había intenciones especulativas se dejaran llevar por la política del pragmatismo.
Todas las cirugías urbanísticas que transformaron la ciudad hasta hace veinte años, porque a partir de entonces fue prácticamente la nada, combinaron con éxito la participación pública y privada mediante la ejecución de proyectos dotacionales y residenciales. Hay por lo tanto experiencias de sobra que, bien llevadas y por supuesto mejoradas, sirven de ejemplo para pasar de la idea al papel y del papel a la obra. Pero falta determinación, capacidad negociadora, fuerza e imaginación como la que se tenía en aquel tiempo.
En Naval Gijón hay 60.000 metros cuadrados de suelo, de los que 40.000 son públicos, propiedad de la Autoridad Portuaria, y el resto están en manos de la sociedad Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión. Una de las salidas que están sobre la mesa es que el Ayuntamiento adquiera toda esa superficie para convertirla en parque tecnológico, lugar de ocio y esparcimiento y equipamientos hosteleros. El desembolso municipal para comprar un terreno cuya mayoría ya es pública y luego reconvertirlo en un complejo empresarial aún con fondos europeos podría ser ingente.
El gobierno local debería explorar antes otras alternativas. Entre ellas, la posibilidad de tejer un acuerdo con el puerto y la propia Pymar para crear un instrumento que favorezca la urbanización de este enclave del litoral gijonés con el fin de ganar atractivo para la inversión privada. La cooperación entre las administraciones y la sociedad de astilleros, en cuyo órgano de representación por cierto también están presentes el Gobierno central y el Principado, sería la manera más realista y rápida de acometer el proyecto del ‘Gijón azul’. De todas formas, como se aventura que el proceso irá para largo, en tanto se cierra la judicialización y se busca una solución seguiremos siendo testigos de la degradación de un santuario de la reconversión industrial sin fin.

Nota. Hablando de azul, sin tener que ver con la economía del mar, a ningún gobierno cuerdo se le ocurre extender los estacionamientos de pago por los barrios a un año de las elecciones. Por lo tanto, es lógico que la alcaldesa haya aclarado que la medida no se aplicará «a corto ni a medio plazo» para intentar apaciguar el ánimo vecinal. El concejal de Movilidad, en la entrevista de hoy domingo, abre la puerta incluso a desecharla.
La ampliación de la ORA por El Natahoyo, El Llano, El Coto y Ceares es una de las líneas del Plan de Movilidad elaborado por el Ayuntamiento, es decir, forma parte de la hoja de ruta trazada por el equipo mandatario para sacar los turismos del centro y disuadir su utilización. La idea va acompañada de otras acciones complementarias, como los seis aparcamientos disuasorios y los nuevos parkings subterráneos; pero, aunque se presenten como alternativas, del pagar no nos vamos a librar.
El plan, como bien hizo la primera edil en recordar, va hasta el 2030, es decir, habrá dos comicios de por medio, con sus consiguientes programas electorales, y pueden cambiar mucho las cosas con tanto plazo por delante. Quién sabe. Quizás para entonces no hará falta ni ora ni leches porque no tendremos para mantener un coche y nos moveremos en bicicleta o como San Fernando, un rato a pie y otro andando.