Emilio F. vive de alquiler en un piso desde hace dos años y en el que recientemente han tenido problemas en el baño. Ante las quejas por humedad de la vecina de abajo, el propietario envió un fontanero que hizo una revisión y que determinó que era necesario llevar a cabo ciertas obras. El propietario aún no les ha comentado nada al respecto, pero Emilio desea conocer sus derechos y saber quién debe abonar tales obras y, dado que es el único baño que tiene la casa, si van a durar muchos días, qué derechos tienen al respecto.

Por lo que nos describes en tu consulta, parece que las obras que se deben realizar en la vivienda son de conservación o reparación y no de mejora, dado que nos cuentas que se han causado incluso problemas de humedad a la propietaria del piso que se encuentra debajo del que ocupas como arrendatario.

Este tipo de obras debe abonarlas en su totalidad el arrendador salvo que el problema se haya ocasionado como consecuencia de una mala utilización por parte del arrendatario o consista en una pequeña reparación que se derive del desgaste por el uso ordinario de la vivienda.

Si bien el pago de tales obras, salvo las excepciones indicadas, recae sobre el arrendador, el arrendatario, por su parte, tiene la obligación de soportar la realización de tales obras aunque le sean molestas o durante las mismas se vea privado del uso de una parte de la vivienda, siempre y cuando las mismas deban realizarse en ese momento y no pueda esperarse hasta la terminación del contrato de arrendamiento. Sólo en el caso de que la obra durase más de veinte días tendrías derecho a exigir una disminución de la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que te veas privado.

Dicen que ser padres es duro. Sin duda lo es. Comenzar por proteger a un ser indefenso y absolutamente dependiente y ayudarlo en el camino de convertirse en una persona autónoma, dotada de un conjunto de valores y principios que haya hecho suyos y afrontar este objetivo con suficiente sentido común como para saber resolver con acierto los contínuos retos que tan ardua tarea presenta es, sin duda, un duro trabajo.

Centrándonos en la parte legal de este asunto resulta que nuestro ordenamiento jurídico se limita a establecer ciertas normas que regulan la relación entre padres e hijos entre las cuales vamos a destacar una: la patria potestad siempre ha de ejercerse en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respeto a su integridad física y psicológica.

Esta obligación tiene una redacción bastante reciente y sustituye a otra anterior que decía lo siguiente: los padres pueden corregir razonable y moderadamente a sus hijos.¿Que conclusiones pueden extraerse de este cambio? ¿Significa esto que los padres ya no pueden corregir a sus hijos?

La respuesta no es sencilla. Hemos de comenzar por decir que el cachete ya no cuenta con respaldo legal. Y no solo eso, sino que cerrada esta puerta cualquier cachete es digno aspirante a la condición de hecho delictivo. La pena que corresponde a este delito no es ninguna tontería. Incluso cuando hablamos de un solo cachete que no llegue a causar lesión puede implicar prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, privación de tenencia de armas e incluso inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante un tiempo. Por supuesto, si se causa alguna lesión o secuela o existe reiteración en la conducta la cosa es mucho mas grave.

Pensamos que este castigo, cuando el padre no es un maltratador y no le causa ninguna secuela a su hijo realmente no aporta soluciones. Mejor sería proporcionar a ese padre pautas psicológicas y pedagógicas para saber dirigir a su hijo sin recurrir a la violencia, en lugar de castigarle de forma tan dura por no saber como manejar una situación.

La esperanza que nos queda es que el sentido común en la aplicación de las normas no brille por su ausencia y que el juzgador, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, sepa distinguir a un padre maltratador de un padre desbordado.

¿Tú qué opinas?

Herminia se encuentra divorciada desde hace varios años y tiene un hijo que recientemente ha cumplido 18 años. El padre del niño abona una pensión alimenticia que hasta ahora ha venido ingresando en una cuenta bancaria administrada por la madre. Padre e hijo se han puesto de acuerdo para que, desde ahora, el dinero lo perciba y administre directamente el hijo en lugar de su madre, alegando la mayoría de edad. Nos pregunta si esto es correcto y, en tal caso, si puede pedir a su hijo que contribuya económicamente a los gastos del hogar.

La pensión alimenticia que se fija por sentencia como consecuencia de una separación judicial o divorcio es una cantidad de dinero destinada a hacer frente a los gastos de los hijos y se administra por el cónyuge al que se haya atribuido la custodia. Si bien es cierto que llegada la mayoría de edad la custodia y régimen de visitas pierden su razón de ser, la pensión alimenticia se mantiene y no se extinguirá en tanto el hijo continúe dependiendo económicamente de sus progenitores por no contar con sus propios recursos.

Consideramos que al llegar la mayoría de edad del hijo la pensión alimenticia debería seguir ingresándose en la misma cuenta que hasta entonces se hacía, de forma que sea la madre la que pueda administrar ese dinero destinándolo a los gastos del menor que, por supuesto, también tienen que ver con los gastos propios de la vivienda tales como suministros, hipoteca o alquiler, comida, etcétera. No tiene sentido entregar el dinero al hijo directamente mientras siga conviviendo en el hogar familiar, máxime si tenemos en cuenta que sus prioridades pueden no ser los gastos domésticos, cargando entonces a la madre con todo el peso de su sustento.

Si tu marido deja de ingresar esa cantidad en la cuenta designada, habla con tu abogado e inicia las gestiones judiciales necesarias para regularizar esta situación.