¿Se ha pronunciado el Gobierno de Asturias sobre las sanciones impuestas por Confederación Hidrográfica a la multinacional minera por los vertidos o filtraciones detectados en las proximidades de Boinás? ¿Se puede poner en duda que la legalidad en materia medioambiental debe aplicarse no sólo a los ganaderos que vierten sus purines a los ríos, tal y como le sucedió a un ciudadano llanisco, sino a todo aquel que las incumpla? ¿Pedir que toda explotación se ajuste a la legalidad equivale a estar contra la empresa de turno? Se habla de puestos de trabajo, que ciertamente no sobran en los tiempos que corren y menos aún en comarcas que están perdiendo de continuo población.  Ahora bien, eso no puede implicar de ningún modo que sea de recibo que determinadas empresas puedan tener  carta blanca y no estén obligadas a respetar la legalidad. No basta, como dijo la Alcaldesa de Belmonte, que la multinacional de turno se comprometa a hacer todo lo posible para que no se repita lo que dio lugar a las sanciones de la Confederación hidrográfica. Lo que hace falta es que se ajuste escrupulosamente a lo que está estipulado por ley. Y eso no admite medias tintas.

Nadie en su sano juicio puede oponerse a actividades empresariales que generen y mantengan puestos de trabajo. Tan indiscutible es esto como la exigencia de que la ley no sea vulnerada. Insisto en algo tan obvio habida cuenta que, según  determinados discursos, todo lo que sea pronunciarse contra vertidos o filtraciones peligrosas supone estar contra una empresa. Y se da por hecho que esos vertidos o filtraciones existieron desde el momento en que Confederación Hidrográfica impuso sus sanciones.

Y, a propósito de Confederación Hidrográfica y de explotaciones mineras de oro, fue muy aleccionadora la reciente intervención de la Consejera Belén Fernández en el Parlamento asturiano a propósito de los reparos que esgrime la citada institución con respecto al proyecto minero de Salave. Se diría que esta buena señora parece ignorar lo que es el Estado, o sea, que el Gobierno autonómico está tan obligado a hacer cumplir la ley como cualquier otra institución oficial.

Y me pregunto también qué pensará nuestro Presidente Javier Fernández acerca de todo esto. Resulta curioso que un político que manifiesta de continuo un rechazo tan frontal a los discursos nacionalistas se inhiba tanto en un asunto en el que el Estado al que su Gobierno representa en Asturias tiene la obligación no sólo de hacer cumplir la ley, sino también de preservar los tesoros medioambientales de esta tierra, todos ellos, desde el río Narcea hasta todo el entorno de Salave.

Ciertamente, sería muy difícil entender que, desde una posición ideológica que se declara de izquierdas, el Estado deje de cumplir su papel, plegándose a la voluntad de una multinacional a la que cabe exigirle el cumplimiento de la ley lo mismo que al resto de empresas y ciudadanos.

Y, por favor, basta ya de demagogias. Aquí nadie está en contra de ninguna iniciativa empresarial. Aquí se está a favor de que la ley se respete y de que sea igual para todos. Aquí se está a favor de que se preserven tesoros medioambientales que son, además de otras cosas, garantía de futuro. Aquí no todos aceptamos mirar hacia otro lado y guardar silencio.