De las encuestas no hay que fiarse, lo sé. Pero no es menos arriesgado ignorarlas. Por tanto, desde un escepticismo prudente, se antoja innegable que hay razones para la inquietud ante el independentismo creciente en Cataluña. Vaya por delante que no me ciega la pasión por la llamada clase política catalana que no es menos mediocre ni tampoco menos corrupta que la del resto de España. Pero, dicho esto, no puedo no insistir en lo frustrante que resulta que el Gobierno de Rajoy sólo sea capaz de esgrimir dos argumentos contra el plebiscito anunciado por Mas, es decir, que Cataluña no sería admitida como Estado dentro de la unión europea y que el susodicho referéndum  no se ajusta a la  legalidad. ¿Hacer política, cuando se dirime la vertebración de un Estado, se reduce a eso?
¿Es posible que al señor Rajoy y a sus ministros no se les ocurra nada más para hacer ver a la ciudadanía catalana que hay soluciones para la convivencia con España y que, además, dicha convivencia, acertadamente planteada, podría y debería ser beneficiosa para todos? ¿No es cierto que el Gobierno, al atrincherarse en los argumentos citados, parece estar tirando la toalla en el sentido de no ser capaz de articular razones convincentes?

¿No le vendría muy bien a don Mariano tener en cuenta aquella célebre, certera y afortunada frase de Unamuno en Salamanca cuando advirtió a Millán Astray y compañía de que vencer no es convencer? Digo esto, porque hay que ir más allá de los argumentos legales, así como del apoyo de Europa. Al Gobierno de España le correspondería ahora estar haciendo un enorme esfuerzo tanto de negociación con los partidos políticos catalanes, y, al mismo tiempo, volcarse en actos públicos dirigidos a la ciudadanía de ese territorio para hacer valer sus razones. Y la triste realidad es que ni siquiera está dando muestras de intentarlo.

Y, por mucho que se pueda tener en cuenta de que hay dosis no pequeñas de victimismo oportunista en el discurso de los que plantean la independencia, parece imposible aceptar que no se han cometido errores desde la política española que lo estén fomentando.

Frente al llamado derecho a decidir lo que hay que oponer es, entre otras cosas, el empeño por el entendimiento y el pacto, por la palabra dada y por el respeto a un territorio al que tanto debemos en todos los órdenes en el resto de España.

El busilis de todo esto, señor Rajoy, no está en ignorar a Mas y compañía, sino en tener en cuenta a una ciudadanía, la catalana, que siente un malestar indisimulado e indisimulable, malestar creciente que viene, al menos, desde la segunda legislatura de Aznar, crispando injusta e innecesariamente la vida pública catalana; desde los desastres del llamado tripartito que encabezó Montilla; desde las promesas que hizo Zapatero y que, al no cumplirse, generaron tanto desencanto y desapego; desde la manifiesta torpeza que supuso no haber reformado la Constitución antes de elaborar un Estatuto que, según parece, colisionaba con ella.

Cierto es que afrontar debidamente el problema no exige sólo ver al Gobierno de España volcado en encontrar una solución, sino también un pacto amplio entre los principales partidos políticos. Pacto para negociar con los partidos e instituciones catalanas. Pero el primero en moverse tendría que ser el Ejecutivo de Rajoy invitando a todos los demás partidos nacionales a sumarse a un esfuerzo conducente a evitar un mazazo moral que crearía una frustración muy honda en la sociedad española. Pero tal cosa supondría reinventar el modelo creado en la transición. Creo que no queda otra. Y dar la espalda a la necesidad apuntada garantizaría el fracaso de un país que no supo articular un modelo territorial aceptable y aceptado en términos democráticos. Y que, llegado el momento de las soluciones, contó con unos políticos que no supieron estar a la altura.

A España, señor Rajoy, le llegó la hora de convencer.