V erá, don Javier, nunca entraré yo en digresiones psicológicas acerca de la apatía que sus críticos más despiadados le reprochan. Si de política se trata, prefiero dedicarme a cuestiones mucho más concretas. A esto voy, señor Fernández. Por ejemplo, a que, en un periodo muy corto de tiempo, la Confederación Hidrográfica haya multado con severidad en dos ocasiones a la multinacional que se dedica a extraer oro por estos andurriales del occidente astur, mientras que el Gobierno que usted preside pasó de no darse por enterado del asunto a defender a la empresa de marras por boca de su consejera, doña Belén.

Uno, que es de letras, no va a entrar en argumentarios basados en datos técnicos acerca de la toxicidad de los vertidos que, para doña Belén, no parecen ser preocupantes. Pero convendrá conmigo en que no resulta fácil conjeturar que a la Confederación Hidrográfica le haya entrado una suerte de fiebre sancionadora que pueda ir más allá de lo establecido legalmente al respecto.

Aquí hay dos cosas muy graves, don Javier. La primera de ellas es que uno se pregunta cómo es posible que ni el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda ni el Gobiernín que usted preside –ambos del mismo partido– no intervengan en el asunto, conminando a la empresa de turno a que cumpla con la legalidad en materia –nunca mejor dicho– de vertidos o filtraciones. Esa inacción carga de argumentos a quienes consideran que no tiene mucho sentido el llamado Estado de las autonomías, cuando se inhiben de intervenir en lo que les toca. La segunda es ideológica. ¿Cómo se puede entender que un Gobierno que se reclama socialista, presidido además por alguien como usted que esgrime tal cosa en muchos de sus discursos, no vela por el tesoro medioambiental de nuestra tierra? ¿Cabe reclamarse socialista y ser tan complaciente con multinacionales poderosas? ¿No es obligado pedir a todo el mundo que la legalidad se cumpla?

Mire, don Javier, todos somos conscientes de la importancia del mantenimiento de puestos de trabajo, máxime en unas comarcas tan despobladas como éstas. En ningún momento, seré yo quien esgrima que se cierren las explotaciones mineras. Lo que digo, con todo el derecho del mundo a ello, es que aquí la legalidad hay que cumplirla siempre, máxime en asuntos tan delicados como el cuidado medioambiental que afecta a la vida en el río con todo lo que ello conlleva.

Verá, don Javier, cuando leí ayer en EL COMERCIO que la Confederación volvía a sancionar a la mencionada empresa, tuve el pálpito de que uno de los flancos que más puede perjudicarle es su retraimiento de siempre con respecto al occidente de Asturias. No tengo constancia de que usted se haya opuesto al último Gobierno de Zapatero cuando retrasó primero y paralizó después las obras de la autovía de La Espina. Tampoco tengo noticia de que usted hubiese puesto reparos a determinadas actuaciones de políticos de su partido por estos andurriales, algunas de ellas caciquiles y escandalosas a más no poder. ¿Tan difícil es para un Gobierno que se llama socialista demandar que se cumpla la ley?

Más que pusilánime, complaciente. Así es su Gobierno en el asunto que aquí nos trae. Y es que hay apatías, o, si se prefiere, inhibiciones, que son inconcebibles para un Gobierno socialista que, para mayor baldón, preside un ingeniero de minas.

Si hasta el Rey llegó a decir aquello de que «la ley es igual para todos», ¿cómo explicarnos que un partido tan encantado con la Monarquía como es el suyo no aplique semejante consigna?

¿La autonomía y el socialismo eran esto, don Javier?