Como estaba cantado, el nuevo curso político se abrirá con el sacudón que ha supuesto la información relacionada con el escándalo originado en torno a Jordi Pujol y sus dineros en Andorra. Es decir, con la corrupción, lo que en modo alguno le puede resultar a nadie ni novedoso ni tampoco sorprendente.  Sin embargo, lo verdaderamente significativo del caso es el cómo y el cuándo se cerrará el recién iniciado curso político, y ambas cosas vendrán forzosamente marcadas por las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el último domingo de mayo. En ese sentido, el guion parece indicar que será entonces cuando se confirme el fin de la primacía del bipartidismo y, con ello, no pequeña parte de lo que se viene denominando “régimen del 78”, o sea, la 2ª Restauración borbónica. Y es que no hay lugar para la duda: el tema del que más se hablará en esa campaña electoral anunciada para fin de curso será también la corrupción. Pero no asistiremos sólo al rifirrafe de lo que comúnmente se viene conociendo como “y tú más”, sino que también comparecerán partidos que en este momento no tienen presencia ni en los Ayuntamientos ni tampoco en los Parlamentos autonómicos, partidos que, lógicamente, harán un planteamiento muy distinto del problema.

Y, por otro lado, Cataluña estará más omnipresente que nunca en la agenda del nuevo curso político. Primero, por el caso Pujol al que acabamos de referirnos. Y, en segundo lugar, por la consulta que Mas asegura que hará con independencia de lo que dictamine el TC. Lo preocupante del caso, más allá de lo que suponen ambas cosas propiamente dichas, es que habrá quien vincule en su discurso nacionalismo y corrupción, planteamiento que es de principio a fin falaz, puesto que la  corrupción floreció y florece en territorios donde el nacionalismo o bien es insignificante, o bien no existe.

De todos modos, el principal significado que tiene el hecho de que Cataluña esté más omnipresente que nunca en el debate político de este país es que toca –velis nolis- un replanteamiento a fondo de lo que se pactó en la transición.  Toca revisar seriamente una legislación que nos llevó a la creciente desafección que padecemos y toca también buscar un acuerdo de vertebración territorial que pretenda la aceptación de todos, porque la realidad, siempre más tozuda que cualquier discurso, certifica que el modelo de vertebración territorial también fracasó.

Y sobre todo cuanto acontece en nuestra vida pública  planea la tenebrosa sombra de la corrupción a la que no se puede hacer frente con maniqueísmos y con mensajes tan irresponsables como partidistas. Toca convencer de que hay una voluntad política inequívoca contra los abusos y privilegios. Toca convencer de que existe un inequívoco afán de buscar soluciones al descontento también creciente que viene generando el famoso “café para todos”. Y quienes no asuman esto se quedarán fuera de un futuro que ya está empezando a asomar en el horizonte. Y en ese futuro sólo tendrán cabida las formaciones que dejen atrás lo que, en términos orteguianos, podemos seguir llamando cien años después “vieja política”.

El problema catalán no se va a resolver por prohibiciones, sino por acuerdos y también por propuestas que convenzan a la ciudadanía. Y la corrupción empezaría a ser insignificante y residual en el momento mismo en que se asuman los errores, también los propios, y se sepulten definitivamente toda esa cantidad de prerrogativas a las que la mal llamada clase política, con sus ramificaciones sindicales incluidas, no está dispuesta a renunciar ni siquiera en tiempos de crisis.