Como profesor de instituto y funcionario público, no podría negar que, en lo que toca a la temática de este artículo, soy juez y parte. Advertido esto desde el primer momento, voy a permitirme opinar al respecto. Sabido es que en 2010, Zapatero, a la sazón presidente del Gobierno español, anunció una rebaja del 5% en el salario de todos los empleados públicos. El mismo presidente que en repetidas ocasiones había afirmado con rotundidad que, mientras estuviese al frente del Ejecutivo, nunca llevaría a cabo políticas que menoscabasen los derechos y el bienestar de los trabajadores. Sabido es también que Rajoy, entonces líder de la oposición, no se mostró muy entusiasta con aquella medida, aunque, llegado el momento, no sólo la mantuvo, sino que además suprimió la paga extraordinaria navideña a todo el funcionariado en 2012. Por otro lado, conviene recordar que no sólo estamos hablando de una rebaja de los sueldos, así como de una congelación salarial de cinco años, sino que además los recortes repercutieron en más horas de trabajo por menos salario.

Los argumentos esgrimidos al respecto, aparte de que era algo irremediable para seguir las directrices de ahorro público impuestas por Europa, tuvieron mucho que ver con el privilegio que supone la estabilidad en el puesto de trabajo frente a otros colectivos que no gozan de semejante situación.

Pues bien, ese supuesto privilegio emana del hecho de haber superado unas oposiciones, es decir, de algo legalmente establecido desde hace mucho tiempo, dándose el caso de que opositar es una opción, obviamente, abierta a toda la ciudadanía.

Aun así, supongamos que, en una situación de tremenda crisis, fuese irremediable ese descuento y esta congelación quinquenal. Y que, a resultas de eso, el paro se fuese reduciendo y los servicios a la ciudadanía fortaleciéndose. Pero la realidad fue muy otra: el paro no dejó de aumentar desde 2010 hasta fechas muy recientes y el empleo que se está creando es cada vez más precario.

Con todo, hay algo mucho más grave aún: lo que se vino haciendo fue recortar servicios. Así, muchos pensionistas tienen que pagar un porcentaje de sus medicinas. Así, en la mayor parte de los centros públicos educativos, aumentó el porcentaje del alumnado por aula.

Moraleja: con el pretexto de que se trataba de algo «dolorosamente irremediable», lo que se hizo fue recortar derechos no sólo al funcionariado que sigue siendo víctima de los recortes, sino también a la ciudadanía que es la destinataria–perdón por la perogrullada– de los servicios públicos.

Se redujeron las plantillas del profesorado, pero no el número de cargos públicos a dedo. La madre de todas las moralejas: sobraban docentes y profesionales de la medicina, pero no políticos.

Otro de los pretextos esgrimidos es la supuesta inoperancia de lo público, el tópico del funcionario acomodado que no se esmera en su trabajo. Semejante argumentario, además de falaz, resulta insostenible: la Administración cuenta con recursos para garantizar que todo el funcionariado cumpla con su tarea. ¿Para qué están entonces todos los cargos que se nombran al respecto?

Y hay también otro aspecto que se intenta soslayar desde el discurso oficial, a saber: desde los ayuntamientos, hasta las administraciones autonómicas y estatales, se vinieron produciendo muchos nombramientos y contrataciones que se llevaron a cabo sin oposiciones ni concursos de méritos expuestos y anunciados con transparencia, con el consiguiente encarecimiento de las cuentas públicas. ¿Es justo meter en el mismo saco a unos y a otros?

Y, por último, no sólo estamos hablando del descuento de 2010 y de la congelación quinquenal, sino que a ello hay que añadir más horas de trabajo. Y, así las cosas, la pérdida de poder adquisitivo superaría ese 20% del que hablan los sindicatos.

O sea, que en una tacada, recortes y congelación salarial que repercutieron negativamente en los servicios a la ciudadanía y que no frenaron el desempleo. Y, mientras tanto, los privilegios y sinecuras de la mal llamada clase política no sufrieron merma alguna.

Tocaría preguntarse acerca del supuesto beneficio para el interés general de un quinquenio de rebajas, congelaciones y recortes. Tocaría plantearse qué hubo de justo en todo esto.