Un Parlamento que, en su mayoría, respalda que se lleve a efecto con toda solemnidad una inequívoca declaración de intenciones que tiene como objetivo irrenunciable e innegociable la independencia de Cataluña. Frente a ello, el presidente del Gobierno español reacciona manifestando que la ley está de su parte y que la hará cumplir no permitiendo que llegue a tener alcance alguno lo manifestado en el Parlamento catalán. Lo cierto es que estamos ante el momento más delicado y problemático desde la Transición a esta parte. Y lo peor de todo es que la situación exige que haya personajes públicos con hechuras de estadistas, pero, hasta el presente instante, los principales actores de esta representación están muy lejos de poseer la talla que el aquí y ahora demandan. Ante ello, sólo cabe una doble lamentación, tanto por el problema en sí, como también por la falta de grandeza de sus protagonistas principales.

En efecto, es en momentos como este donde se puede demostrar la grandeza de una nación y de unos dirigentes. En cuanto a lo primero, cabe albergar (o abrigar) esperanzas. En cuanto a lo segundo, sólo nos queda esperar que se obre el milagro de que ambos ‘líderes’ desaparezcan pronto de la primera línea política por el imperativo de la ciudadanía en las ya cercanas elecciones españolas y también en las previsibles elecciones adelantadas que tendrán que celebrarse sin tardar mucho en Cataluña.

El escenario es muy claro. La ciudadanía catalana decidió con sus votos la actual composición del Parlamento que acaba de hacer la susodicha declaración. Ante ello, más allá de lo que serían asuntos legales, lo que todo el mundo debería tener claro es que no estamos ante un capricho de unas mentes más o menos torticeras que plantean la secesión de Cataluña, sino que, detrás de esto, hay una ciudadanía que respalda esa voluntad. Seamos claros y honestos: a ningún demócrata debería resultarle baladí que un Parlamento democráticamente elegido haga tan solemne declaración de intenciones. No se trata de descalificar un discurso político que, desde luego, es desmontable, sino de respetar la voluntad de un electorado. ¿Alguien, de verdad, puede pensar que el problema se resolverá aplicando la legalidad vigente? ¿Alguien, de verdad, se cree que, ante la actual situación, no se impone establecer diálogo y negociaciones con la voluntad firme de alcanzar acuerdos?

Las cosas no serán nada fáciles. No podrán arreglarse como en la República donde el problema se recondujo tras unas conversaciones que echaron para atrás la declaración de un Estado independiente en Cataluña.

Sea como sea, me permito insistir en algo obvio que, inexplicablemente, se viene soslayando: aceptando que en el discurso independentista de Mas y compañía hay demagogia y oportunismo, aceptando que el entendimiento entre CDC y la CUP no puede tener largo alcance, aceptando que tendrían que negociarse unas condiciones muy claras para un referéndum acerca del llamado derecho a decidir, lo cierto es que hay un malestar creciente en la ciudadanía catalana con respecto al Estado y, por tanto, lo que urge es un diálogo democrático que intente reconducir la situación. No sólo leyes, no sólo trifulcas entre políticos, no sólo indolencia. Es diálogo lo que la situación demanda, y no atrincheramientos.

Cataluña y la política, parafraseando a Gil de Biedma, van en serio. Esto requiere rigor, altura de miras, grandeza de los máximos responsables; grandeza que, insisto, tiene que demostrarse en momentos como este, tras tantos bandazos, tras tantas trapacerías, tras tantos desencuentros.

¿Desconexión catalana? ¿Ante ello, sólo la legalidad, soslayando el sentir y el pensar de la ciudadanía de ese territorio? Ante ello, ¿qué?

Situación límite es lo que tenemos. Situación límite que no se puede superar con una comparecencia pública respondiendo a una sola pregunta. Situación límite que requiere cintura y amplitud de miras.

¿Se va a seguir obviando que estamos en vísperas de un nuevo momento político que llama a la puerta? ¿No cabe ni siquiera negociar una especie de tregua hasta el momento en el que se inaugure una nueva legislatura en la que tocará rehacer y desandar? ¿No cabe ni siquiera intentarlo con clamor democrático?