“Hay cosas que no pueden decirse, es cierto. Pero esto que no puede decirse es lo que se tiene que escribir”. (María Zambrano).

Que doña Rita Barberá no pueda ser destituida como senadora es una muestra inequívoca de la decrepitud e ineficacia de nuestro sistema político. Porque, aparte de otras muchas consideraciones, esta ejemplar ciudadana no accedió a la llamada Cámara Alta por los votos de la ciudadanía, sino que se trata en este caso de una designación autonómica. Es decir, parece inconcebible que los Parlamentos autonómicos no puedan revocar determinados nombramientos cuando hay un proceso judicial que intenta dilucidar  presuntas corrupciones.

¿Por qué no se reúne el Senado para manifestarse al respecto? ¿Cómo es posible que ningún grupo parlamentario del Congreso presente de inmediato la iniciativa correspondiente para modificar la legislación? ¿O es que la actual Constitución, como los antiguos “Principios del Movimiento”, es “permanente e inalterable?

Rajoy, silente. Doña Soraya, peleada con las hemerotecas, tras los entusiastas elogios que le hizo a doña Rita en 2012. La señora de Cospedal intentando justificar lo injustificable, pero con una retórica que es cualquier cosa menos brillante.

Y es que aquí el problema no es sólo la corrupción, algo de por sí tremendo, sino una legislación que ampara, con privilegios inaceptables a los políticos. Y, a estas alturas, la susodicha legislación no sólo no se reformó, sino que ni siquiera nos constan iniciativas parlamentarias para, al menos, intentarlo. ¿O es que sus señorías no están cobrando el sueldo, aunque el Gobierno esté en funciones?

¿Y qué decir del informe de la fiscalía andaluza sobre los ERES? Entiéndase bien: Las cosas tendrán que aclararse y es cierto que los señores Chaves y Griñán hicieron las correspondientes –y creo que obligadas- renuncias. Ahora bien, el escándalo es mayúsculo y también da buena cuenta de los excesos a los que se puede llegar cuando se confunde la gestión política con el disfrute del cortijo propio. No hay motivos para afirmar que ambos ex Presidentes se enriquecieron en el desempeño de sus cargos, pero resulta afrentoso lo que, por acción u omisión, permitieron que ocurriera.

En este país de nunca jamás en lo que toca a la regeneración de la vida pública, en un mismo día se conocen las conclusiones de la fiscalía andaluza con respecto a los ERES, así como la negativa de la señora Barberá a abandonar su escaño.

Aunque doña Rita ya no pertenezca al PP, aunque los señores Chaves y Griñán ya estén fuera de la política, aunque los jueces decidirán lo que corresponda, el problema no estará resuelto hasta que, de una vez por todas, se modifiquen una leyes que son manifiestamente injustas y lesivas y que van en contra de un principio tan básico como la igualdad de la ciudadanía en materia jurídica.

Cierto es –y creo que no sobra, dadas las circunstancias incidir en el tópico- que todo el mundo, hasta el individuo más facineroso, tiene derecho a un juicio justo. Cierto es que no hay que prejuzgar, mientras los hechos no estén sobradamente probados. Dicho todo ello, resulta inaceptable que la ex Alcaldesa de Valencia se aferre a sus privilegios y no dé explicación pública alguna.  No menos inaceptable se me antoja el silencio de Rajoy que tendría que haber salido a la palestra motu proprio, como hizo luna compañera suya de partido, la señora Cifuentes.

El escaño de Rita Barberá y “otras menudencias”. ¿Hasta cuándo los privilegios de la vieja política, hasta dónde, hasta qué?