Tras el cese de un miembro del Gobierno catalán, que, según parece, puso en duda que, al final, el referéndum independentista llegase a celebrarse, se hace público que el resultado del plebiscito será vinculante al margen de que haya un menor o menor grado de participación. Así pues, tras el verano, si se cumple el guion de los independentistas, tendremos un referéndum unilateral.
Ante ello, más allá de las cuestiones jurídicas, parece que los partidos estatales, sobre todo el PP, siguen sin dar acuse de recibo ante un problema político de envergadura. Mientras tanto, hay una realidad incontestable como es el incremento del independentismo en Cataluña desde que el Tribunal Constitucional invalidase el Estatuto que la ciudadanía catalana refrendó en 2006.
Los dos grandes partidos estatales son en no pequeña parte causantes del auge del independentismo en Cataluña. Y, siendo obvio que no hay vuelta atrás posible, no se puede decir que hayan hecho mucha pedagogía política en los últimos años para cambiar las cosas.
¿De verdad alguien puede creerse que el auge del independentismo en Cataluña sólo puede resolverse apelando a la ilegalidad del referéndum que se ha convocado? ¿No quieren ser conscientes los partidos estatales, sobre todo el PP, de que se perdió desde hace unos cuantos años aquella ‘conllevancia’ de la que hablaba Ortega entre España y Cataluña, entre Cataluña y España?
Tal y como están las cosas, se diría que el asunto se pretende ventilar con argumentos en contra de los partidos independentistas y de sus líderes, cuando el verdadero y grave problema está en que la ciudadanía catalana nunca estuvo tan desvinculada de España.
Volvamos a Ortega, al Ortega que planteó, siguiendo a Renan, que un país era «un sugestivo proyecto de vida en común». Pues bien, para gran parte de la ciudadanía catalana, su pertenencia a un país llamado España ha dejado de ser tal cosa.
Ante ello, lo que toca, además de otras cuestiones, es que los partidos estatales hagan el esfuerzo de intentar convencer a la ciudadanía catalana de que es posible ese sugestivo proyecto de vida en común.
Pero la realidad que tenemos delante es muy distinta: un referéndum unilateral, que, con independencia de que sea o no legal, puede generar aún más desapego y frustración.
Mientras tanto, el Gobierno español se escuda en el marco legal, sin proponer a esa ciudadanía catalana, cada vez más alejada de España, nada que pueda resultar convincente.
Insisto: el busilis del asunto no está en los dirigentes políticos catalanes, sino en la ciudadanía de ese territorio, a la que nada se le ha propuesto desde el ámbito estatal.