«Les juro, señores, que tener una conciencia sobradamente sensible es una enfermedad, una verdadera y auténtica enfermedad». (Dostoievski).

La sentencia del llamado caso Renedo pone claramente de manifiesto que hubo aquiescencia del ex consejero Iglesias Riopedre a la hora de permitir que la señora Otero favoreciese a las dos principales empresas implicadas en este sumario con contratos fraccionados y, en varios casos, sin que se hubiese tenido lugar la publicidad necesaria para que otras firmas pudiesen concurrir. Y, a resultas de los tratos de favor concedidos a las empresas de marras, doña María Jesús recibió determinadas compensaciones. Por su parte, el ex consejero incurrió en tratamientos de favor a Igrafo a cambio de contratos para la empresa de su hijo.

A tenor de los que establece la sentencia, cabe suponer que el ex consejero mirase hacia otro lado en determinadas operaciones de la señora Otero, pues se puede barruntar que esta persona era conocedora de lo que acontecía con la empresa del hijo de don José Luis.

Todo esto acaeció en la consejería responsable de la enseñanza en Asturias, de una consejería a cuyo frente estuvo una persona con una trayectoria política de izquierdas y que siempre se declaró defensor de la educación pública.

Y, por otra parte, la sentencia pone de relieve que la señora Renedo cometió irregularidades, con falsificaciones de firmas y pagos por obras inexistentes, entre otras lindezas.

Aquiescencia y conciencia. Más allá de los recursos que puedan interponerse a la sentencia que hemos conocido ayer, la sensación que produce su lectura es demoledora. No sólo nos preguntamos en manos de quién hemos estado durante casi una década, sino que además se nos deja meridianamente claro cuáles eran los principales afanes y desvelos del señor Riopedre durante el largo ejercicio de su cargo como consejero de Educación.

Parece claro que no sólo fallaron los controles en ambas consejerías, sino que además se utilizaron los cargos en el asunto que nos ocupa, bien para favorecer asuntos de familia, bien para enriquecerse. Y esto, a la vez, indigna y deprime.

Por otra parte, con independencia de que la Audiencia pueda reunirse la próxima semana para decidir si dicta prisión provisional para las personas encausadas, el estupor que venimos padeciendo con esta historia desde que la juez Pandiella tomase sus primeras decisiones, no sólo ha sido permanente, sino que además no dejó de incrementarse conforme se van conociendo más detalles sobre el asunto.

Para mayor baldón, se viene a decir que no es posible cuantificar con precisión el montante económico que ha supuesto para las arcas públicas toda esta historia. Y, en este sentido, nos importa mucho más la restitución material que ninguna otra cosa, aunque no cabe ser muy optimistas al respecto.

Por último, agradecería que, a la hora de esgrimir argumentos en su defensa, no se nos diga que la democracia está en deuda con alguno de los encausados, porque tal cosa supondría pervertir y emponzoñar el concepto mismo de democracia.