Puigdemont, tras su primera comparecencia ante el juez alemán al que le toca ocuparse del caso, regresa a prisión a la espera de lo que la Justicia de ese país dictamine sobre su posible extradición a España. No obstante, es muy significativo que el portavoz del Gobierno alemán haya planteado dos cosas muy claras. Primero, que España es un Estado democrático. Segundo, que el conflicto debe dirimirse sobre la base del Derecho español.

Si a la captura de Puigdemont sumamos los últimos encarcelamientos que llevó al cabo el juez Llarena, el momento que está atravesando el llamado conflicto catalán pone claramente de manifiesto que todo se está dilucidando en el ámbito judicial, que no se ve voluntad por parte de nadie de intentar siquiera una solución política. Cuando es lo que más falta hace.

Con independencia de que esté cada vez más claro que el independentismo catalán no va más allá de los enredos de unos y otros, la masiva manifestación del domingo en Barcelona deja muy a las claras que todas estas gentes que lideran partidos y proyectos independentistas tienen un apoyo social muy grande. Y esto, por mucho que se aplique la ley, por mucho que se descabece a los secesionistas, va a seguir ahí.

Dejando a un lado que en el discurso independentista hay muchas lagunas con las que pretenden tapar sus fracasos políticos y sus corruptelas, estos dirigentes están ahí representando el desapego de una gran parte de la sociedad catalana hacia el proyecto político español.