A VUELTAS CON LA EXHUMACIÓN DE FRANCO
«En un Burgos salmantino de tedio y plateresco, en una Salamanca burgalesa de plata fría, Francisco Franco Bahamonde, dictador de mesa camilla, merienda chocolate con soconusco y firma sentencias de muerte». (Francisco Umbral)
O sea que, según la sentencia del Tribunal Supremo, Franco fue el Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936. O sea, que lo que una serie de generales rebeldes acordaron en Burgos, elevando al invicto caudillo a la más alta Magistratura del Estado, es la legalidad en la que se basa en parte el Alto Tribunal.
¿Estaría de más recordar que el 1 de octubre de 1936 el Jefe del Estado era Azaña? ¿Acaso no existió la legalidad republicana? ¡Qué cosas! O sea, de momento, el dictador seguirá en su mausoleo, muy cerca de los restos de muchos republicanos que fueron enterrados en el Valle de los Caídos, claro está, por Dios y por España.¿De qué Dios hablamos? ¿De qué España hablamos? ¡Madre mía!
O sea, esa gigantesca mole que Franco decidió erigir muy cerca de El Escorial, como monumento que recordase aquella guerra civil tan sangrienta y tan plagada de horrores continuará siendo, mientras judicialmente no se decida otra cosa, el enclave donde permanecen los restos del dictador.
Llegados a este punto, no podemos dejar de preguntarnos si de verdad se rompió hasta el final con el franquismo, si aquella ruptura democrática que pedían los entonces partidos de oposición tras la muerte de Franco, llegó a producirse. Se diría que más bien estamos hablando de muy distinta cosa: que triunfó la reforma y que aquella dictadura tiene su no sé qué de carta de legalidad.
Cierto es que se trata de un asunto que tendría que haberse resuelto hace muchos años. Pero lo más frustrante de todo, desde una óptica democrática, es que algo así se tropiece con trabas legales.
Miren, ahora que se habla tanto del ‘relato’ de la vida pública, lo que desdichadamente se pone de manifiesto es que el Alto Tribunal acepta en parte ‘el relato’ que se fabricó el franquismo, o sea, la legalidad de un Estado que se impuso por la fuerza, frente a la legalidad de otro Estado, el de la II República, que se proclamó democráticamente. ¡Qué cosas!
¿Se puede soslayar que el 1 de octubre de 1936 Azaña era el jefe del Estado que se proclamó el 14 de abril de 1931? ¿O es que aquella República, tan difamada y tan sepultada, legalmente no existió?
El asunto, desde una perspectiva insobornablemente democrática, es muy grave. Los vencedores no sólo impusieron su ‘relato’ histórico, es que, además, su ‘legalidad’, a lo que se ve, sigue aquí, como el dinosaurio de Monterroso.