Las conclusiones a las que llegan el Ministerio Público y el escrito de la Abogacía del Estado difieren. Sin embargo, hay unanimidad a la hora de criticar al Gobierno, tanto por parte de los partidos conservadores estatales, como también del lado del independentismo.
Para los primeros, el Gobierno de España se ha plegado a las exigencias del independentismo. Para los segundos, el Ejecutivo que preside Sánchez ha perdido una gran oportunidad para reconducir el conflicto catalán. Por tanto, se diría que don Pedro se encuentra con una falta de apoyo preocupante y naufraga en solitario. Habrá que ver hasta dónde y hasta cuándo se prolonga esta situación, no ya de falta de acuerdos, sino también de aislamiento del Gobierno.
Mientras tanto, el conflicto político sigue ahí, en una encrucijada en la que nadie parece estar dispuesto a ceder, por muchas reuniones y contactos que haya habido desde que Pedro Sánchez se hizo con la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura contra Rajoy.
Divergencias entre los partidos llamados constitucionalistas, desencuentros que se vienen sucediendo entre los partidos independentistas catalanes y, por si ello fuera poco, apreciaciones distintas entre el Ministerio público y la Abogacía del Estado.
No sólo estamos ante un problema que es imposible solucionar en poco tiempo, sino que además no se ve que se hayan dado ni siquiera los primeros pasos en busca de acuerdos que, por otra parte, son imprescindibles.
La realidad demostró que la famosa DUI es, además de otras muchas cosas, inviable. Al mismo tiempo, no es de recibo ignorar que una gran parte de la ciudadanía catalana apuesta por la independencia y que ese afán no está yendo a menos.
Esa misma realidad, siempre tozuda, pone de manifiesto que no estamos ante un asunto que solo pueda ser abordado desde el ámbito judicial.
Hace muchos años, durante el primer Gobierno de Adolfo Suárez, cuando el PCE pidió la legalización, lo que hizo el Ejecutivo presidido por el político abulense fue remitir aquella documentación al Tribunal Supremo, pero, desde aquel ámbito, se le devolvió la pelota al Gobierno. Peridis expresó aquello en unas viñetas memorables.
Se diría que el Poder Político delega en el Poder Judicial un asunto que, más allá de todos los comportamientos punibles que pudo haber con respecto a la legalidad, los partidos políticos no parecen estar en condiciones de buscar una salida a un problema que se vino acrecentando por las torpezas de unos y otros.
Unos hablan de políticos presos y otros se refieren a presos políticos. En todo caso, conviene no olvidar que, por un lado, los políticos catalanes que están en prisión representan la voluntad de una gran parte de la ciudadanía catalana. Obviamente, eso no los sitúa por encima de la ley. Pero, en todo caso, no conduce a la solución sólo la vía judicial, porque ahí siguen con un fuerte respaldo electoral los partidos políticos que mantienen la misma hoja de ruta.
Tampoco hay que pasar por alto que, en su momento, muchas de las personas que están encarceladas pusieron de manifiesto que su declaración de independencia no pasó de ser un acto simbólico. Habría que saber si aquello obedeció a una estrategia de defensa o si de aquellas palabras se podía concluir que la cosa no iba tan en serio.
Todo el mundo es consciente de que es indispensable explorar vías que lleven al acuerdo. Pero se está incurriendo en una irresponsabilidad muy grande por parte de todos los sectores implicados. No vale seguir con el sostenella y no enmendalla por parte del independentismo. No es de recibo dejar todo este conflicto en el ámbito judicial y menos aún adoptar discursos y estrategias encaminadas a conseguir más votos fuera de Cataluña.
Lo que les toca a todos es demostrar voluntad de diálogo. Y eso es algo que, de momento, no se escenifica.
Mal asunto.