Felipe VI no tiene el poder del que gozó su padre para cambiar el país. Juan Carlos I, según el relato mayoritariamente extendido, fue «el motor del cambio» en el paso de la dictadura a la democracia. Ese era entonces el reto. Y ahora, por mucho que el actual monarca lo desee, no está en su mano poner en marcha los grandes cambios que necesita nuestro país en lo que se refiere a poner fin a la corrupción generalizada, así como en lo concerniente a un pacto entre la mayoría de las fuerzas políticas para encontrar un marco político en el que el independentismo no tenga grandes apoyos en determinados territorios.

Con el comunicado que acaba de hacer público la Casa del Rey, se pone claramente de manifiesto que el actual jefe del Estado afea posibles conductas poco edificantes en las que pudo incurrir su padre. Y, dejando de lado que esa renuncia en vida a la herencia paterna no va más allá de algo simbólico, pues, según los juristas, sólo tiene validez en caso de fallecimiento del Rey emérito, queda claro que Felipe VI es consciente de lo que le corresponde hacer para que la institución monárquica no sea puesta en entredicho hasta el extremo de que corra el peligro de tambalearse.