«La España oficial consiste, pues, en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación» (Ortega y Gasset, en 1914).

Las palabras que encabezan este artículo las pronunció Ortega en marzo de 1914. Como se puede constatar, cien años después, su actualidad es tan pasmosa como desoladora. A los partidos fantasmas habría que añadir también ‘sindicatos fantasmas’. Y, en cuanto al apoyo que esos partidos y sindicatos tienen ahora de las sombras de determinados medios de comunicación, cabría matizar que cada vez les resulta más difícil a los medios al servicio de un partido hacer creer a la ciudadanía que el infierno siempre son los demás. En todo caso, se diría que, cien años después, lo fantasmagórico nos sigue persiguiendo, al tiempo que los espectros del caciquismo y otras corruptelas están muy lejos de haber desaparecido. Y lo peor de todo es que, a día de hoy, partidos y sindicatos que en su momento se concibieron para combatir lo que Ortega denunciaba vienen incurriendo desde la sacrosanta Transición a esta parte en los mismos desmanes de sus antiguos adversarios. El panorama, pues, no puede ser más sórdido y deprimente.

Aquí, lo fantasmagórico va más allá de esas tarjetas de Caja Madrid tan ventajosas para sus titulares, aunque el episodio en sí no está nada mal. Aquí, lo fantasmagórico y lo putrefacto tiempo hace ya que se apoderaron de la vida pública. Aquí, lo fantasmagórico y lo putrefacto emana también de quienes hacen declaraciones de urgencia, aparentemente indignados, pero que en modo alguno están dispuestos a poner fin a tanta escandalera. ¿Nos quieren hacer creer acaso que en las cúpulas de los partidos y sindicatos se desconocía la existencia de estas tarjetas tan opacas como insultantes?

Aquí, los partidos y sindicatos tendrían que haber expulsado de forma fulminante a sus representantes en la entidad bancaria madrileña que hayan hecho uso de tan cenagosas tarjetas. Y, fíjense bien, aunque los susodichos representantes no hubieran hecho uso de tan ventajosas tarjetas, tampoco bastaría: Su obligación moral habría sido denunciar su puesta en circulación. Y, por otro lado, lo que este nuevo lance pone de manifiesto es que, salvo excepciones, muy económico resulta conseguir el silencio cómplice y complaciente de muchos representantes de lo público.

Por supuesto, no estamos hablando de una medida de generosidad de una empresa privada a parte de sus altos cargos, sino de la puesta en práctica de un modo de actuar tan rudimentario como eficaz de los directivos de una entidad financiera que a lo largo del tiempo fue casi siempre pública y que, llegado el momento de la ruina, tuvo que ser rescatada con dinero de todos.

O sea, que además del sueldo y las dietas, tan magnánimos y dadivosos, unos cuantos contaban también con estas tarjetas para hacer frente a sus cuantiosos gastos en pro de la sociedad a la que decían representar. Ante ello, ¿se puede negar que considerarlos casta resulta demagógico, injusto y desproporcionado? ¿Se puede argumentar que no gozan de unos privilegios que resultan afrentosos para la ciudadanía? ¿Puede sorprender que cada vez tengan menos votos los partidos tradicionales y que haya otros en auge?

¿Cómo no preguntarnos qué más tiene que pasar para que la ciudadanía se plante ante tantos atropellos y provocaciones? Por dignidad, tendrían que haberse producido no sólo expulsiones de partidos y sindicatos, sino también de dirigentes que miraron hacia otro lado al saber que militantes suyos estaban ensuciando a unas organizaciones políticas y sindicales que fueron concebidas, repito, por y para la decencia y la ejemplaridad.