ANOMALIAS INSTITUCIONALES
El “Senado social” que impulsa Areces y el “Gobierno cameral” de la oposición amenazan con distorsionar la legislatura
Vamos a establecer una premisa inicial. La política asturiana se mueve sobre coordenadas atípicas; las anomalías están a la orden del día, forman el paisaje cotidiano, todos nos hemos acostumbrado a ellas y nos parecen moneda de curso legal. Como el asunto viene de hace muchos años, mi hipótesis es que la clave de todo está en la pedagogía social que han dejado en la región las dos grandes empresas públicas, de cuyo entorno han salido la mayoría de los cuadros políticos de la región. Trabajar con números rojos en los balances, año tras año, sin que haya el menor riesgo de quiebra empresarial, y dejar las decisiones estratégicas de las empresas en manos de los líderes sindicales constituye un asunto propio de la literatura mágica. No vamos a desarrollar más este argumento, porque sólo quería citar el origen de las atipicidades, para centrarnos en lo que puede ocurrir en esta legislatura, donde los procedimientos políticos y el papel de partidos y las instituciones puede entrar de lleno en el disparate.
Antes de que se inicie el mes de agosto, la actividad política queda reducida a completar la nómina de nombramientos para cubrir el organigrama de la Administración regional. No obstante, en este breve espacio de tiempo que va desde la formación del Gobierno hasta el veraneo oficial del estamento político, ya se han dibujado las primeras anomalías del mandato. En principio, el presidente Areces, al frente de un gobierno monocolor, tiene una mayoría relativa en la Cámara, por algo ha sido investido presidente hace quince días. Sin embargo, sin que haya habido un solo pleno de la Junta General del Principado, tras la investidura, ya está claro que se encuentra en minoría en la Cámara. Las declaraciones rotundas de los portavoces de los dos grupos de la oposición lo colocan en desventaja parlamentaria. No está en minoría para sacar adelante determinada ley o con motivo de un concreto debate parlamentario, sino como posición general del Gobierno ante la Cámara.
Consciente de esta situación, el presidente ha iniciado con apresuramiento los trámites de la concertación social, para llegar a un gran pacto con la patronal y las centrales sindicales, que no se va a circunscribir al terreno laboral o económico, sino que tendrá un contenido muy amplio, político y social, de forma que sirva de hoja de ruta para el mandato. En ninguna comunidad autónoma se firmará un pacto de esta naturaleza. El presidente quiere aprovechar la concertación con patronal y sindicatos para crear lo que aquí hemos denominado como “Senado social”, una Cámara alta, que le ponga al abrigo de las estrategias de la oposición en la Junta.
La oposición también va a investirse de un papel distinto al que le otorgan las reglas del juego. El ejemplo está en ese anuncio del diputado de IU, Javier García Valledor, de presentar una proposición de ley sobre el modo de nombramiento del director de la televisión autonómica. En principio, las proposiciones de ley, la iniciativa parlamentaria, corresponde a los gobiernos. A la oposición le corresponde presentar proposiciones no de ley. La distinción proviene de algo elemental: a los gobiernos se les presupone el apoyo de la Cámara, por algo el presidente supera la votación de investidura, aunque ese apoyo puede ser negado para determinadas leyes o declaraciones. La oposición, por principio, no tiene la hegemonía en el Parlamento, de ahí que no sea titular del poder. Sin embargo, el juego viciado en las instituciones asturianas puede derivar en la pretensión de la oposición de sustituir al Gobierno por el Parlamento. En vez de gestionar los intereses asturianos desde el Consejo de Gobierno, se realizan los actos de disposición desde los escaños del Parlamento, dando paso así a lo que podríamos llamar el “Gobierno cameral”. En ninguna comunidad autónoma el Parlamento sustituye al Gobierno.
Llegados a este punto es preciso recordar que la iniciativa de IU tiene antecedentes, porque las anomalías, vicios y atipicidades de la política asturiana se arrastran desde hace mucho tiempo. Veamos. En la primavera del año 2000, cuando el presidente Areces estaba en el primer año de su primer mandato, la Junta tramitó una proposición de ley en contra de la voluntad del Gobierno. Se trataba del proyecto de Ley de Cajas, que para colmo de anomalías fue redactado por el propio Grupo Socialista, teórico respaldo del Gobierno, y aprobado por los grupos de oposición. Aquel episodio no tenía precedentes en la practica parlamentaria de los países democráticos, porque aquella mayoría parlamentaria tan abrumadora en torno a cómo se debían constituir los órganos de Cajastur, debería haber dado paso a una moción de censura y el consiguiente relevo presidencial. Nada de eso ocurrió.
Para decirlo todo es preciso añadir que la increíble maniobra fue posible por un error político garrafal del presidente Areces, al suponer que la victoria por mayoría absoluta de Aznar sobre el PSOE (12 de marzo de 2000) dejaba en debilidad al aparato socialista asturiano para conspirar contra él. El 16 de marzo, cuatro días después de la derrota electoral socialista, Areces sacó el famoso decreto que forzaba el relevo en la presidencia en Cajastur, sin reparar que Almunia había dimitido como secretario general del PSOE y que una gestora, presidida por Chaves, no iba a tener autoridad para pararle los pies al levantisco sector oficialista del PSOE regional. Como así fue.
Ahora las cosas son muy distintas. El grupo parlamentario socialista, encabezado por Javier Fernández, es un firme apoyo del Gobierno, pero todo indica que desde la oposición, mayoritaria en la Cámara, va a repetirse la maniobra de tratar de sustituir al Gobierno por el Parlamento. Para que no haya dudas, es bueno aclarar que muchas veces en medio de una legislatura un gobierno queda en minoría en la Cámara. Para esas situaciones, el procedimiento previsto es el relevo presidencial, fruto de una iniciativa conjunta de la oposición. IU y el PP tienen todo el derecho del mundo a llevar a cabo ese relevo, pero no se puede crear un marasmo entre las instituciones, confundiendo las atribuciones del Gobierno con las del Parlamento. Asturias es diferente.