La respuesta del Gobierno al traslado de los astilleros no encaja con su cacareado apoyo a la industria

Si de algo han presumido los gobiernos asturianos, incluidos los del presidente Areces, es de tener sensibilidad industrial. El núcleo duro del discurso oficial se sintetiza en el apoyo a la reindustrialización, como política de progreso y creación de empleo. Han cambiado las condiciones de nuestra región, pero la argumentación se mantiene incólume, como al final de la década de los setenta del siglo pasado, cuando se gritaba en las manifestaciones, “Salvar Ensidesa, salvar Asturias”. La quiebra de la industria siempre se interpretó como el hundimiento de la región. Si algo ha hecho feliz a los presidentes del Principado es inaugurar una instalación industrial, más aún que cortar la cinta de una nueva carretera.

En el último año la dirección de la FSA ha ligado la preocupación de los asturianos por el empleo a la exigencia de un nuevo impulso a la industria.La regasificadora que se va a construir en El Musel, las centrales de ciclo combinado que han solicitado construir los operadores energéticos en nuestra región, las plantas de biodiesel, y algunas otras instalaciones industriales de nueva planta se han percibido como un punto de inflexión en el sector secundario. Hay un volumen alto de inversiones programado y un repunte del empleo. Por parte del Principado se trabaja en ampliar oferta de suelo industrial y se dan incentivos y subvenciones. En cuanto a las nuevas tecnologías, hay un plan hasta el año 2009 que tiene una gran ambición, ya que el Gobierno regional pretende que desplace el interés de la opinión pública de las carreteras a la banda ancha. Para acabar de describir el panorama, digamos que la nueva concertación social en ciernes tendrá como elemento sustantivo y vertebrador la política industrial y la política de empleo. ¿Tiene Asturias una política industrial potente? ¿Hace el Principado todo lo que se espera de él?

Mi percepción es que el Gobierno de Areces se mueve muy cómodo en las coordenadas clásicas de la política industrial asturiana, consistente en dar incentivos, conceder subvenciones y avalar créditos. Y por supuesto, en implicarse en las operaciones de reestructuración, que tienen como elemento central la conversión de trabajadores en reservistas. Ahora bien, en cuanto hay que acometer operaciones de otra naturaleza, la actividad gubernamental deviene en pasividad.

Lo que está ocurriendo con los astilleros de la bahía de Gijón es muy ilustrativo al respecto. Desde el inicio de la democracia, los cinco astilleros que había en la bahía se convirtieron en un quebradero de cabeza para el Gobierno central. La crisis del petróleo acabó con el negocio, en los términos que estaba planteado, y las movilizaciones sindicales hicieron de los astilleros un problema político, con grandes movilizaciones en la calle y frecuentes desórdenes públicos. En su primera legislatura, Felipe González, apoyado en 202 diputados, afrontó la reconversión,con cierre de instalaciones y recorte de plantillas. De toda aquella épica de la resistencia quisiera rescatar la imagen del autobús colgado de una grúa cortando el paso a los barrios de Natahoyo y La Calzada durante más de una semana. Aquel drama tuvo final feliz con foto: el alcalde Areces abrazándose con un antiguo camarada que manejaba la grúa de la discordia.

En la actualidad, la iniciativa privada ha venido a resolver los problemas de empleo del sector. El final anunciado de Naval Gijón se solapa con las necesidades de plantilla de Factorías Juliana. El cierre de uno de los astilleros no será una operación traumática; además, ahí están las prejubilaciones del sector que va a financiar Pymar, responsable de Naval Gijón.

El panorama deja de atenerse al guión previsto cuando el dueño de Factorías Juliana se encuentra con ánimos para hacer un astillero moderno, independiente de las ingenierías del sector,integral, capaz de abaratar costes y competir con los astilleros de Corea, China y Vietnam. El lugar ideal para ubicar ese astillero es El Musel. La UGT apoya decididamente la operación y el Principado, que defendía hasta dos días antes la idea de crear un nuevo astillero en El Musel, siente vértigo y declara que el traslado de los astilleros es inviable porque cuesta 200 millones de euros.

Así que el Gobierno que tiene la industria como bandera le dice al grupo empresarial que asume toda la carga de trabajo del sector en la bahía gijonesa, que compre mar, lo convierta en tierra,construya un astillero y pague un canon a la Autoridad Portuaria ¡Bonita forma de compromiso industrial! El Gobierno de Areces llegó a asumir un riesgo de 60 millones de euros, avalando operaciones mercantiles de Naval Gijón, porque se atenían al esquema clásico de apoyo gubernamental a empresa en apuros, pero no es capaz de liderar una operación de potenciales mejoras industriales y urbanas.

La construcción naval pasa por una coyuntura óptima, así que es el momento adecuado para afrontar una operación de ese calado. Cuando llegue la fase bajista del ciclo económico ninguna empresa realizará inversiones tan cuantiosas. En cuanto a las mejoras urbanas, no se me ocurre otra ayuda más importante por parte del Gobierno de Areces a la ciudad de Gijón. Bastante más importante que la operación de la Universidad Laboral.¿Y qué opinan los partidos de la oposición?

Ambos están lastrados por ataduras sindicales. A IU no le gusta oír hablar del traslado de los astilleros a El Musel. Si estuviera en su mano, aumentaría el tipo de ayudas clásicas a los astilleros, bajo el sistema de compensar pérdidas privadas con dinero público.Cualquier sacrificio con tal de mantener artificialmente el nivel de empleo. El PP, con la excepción de Pilar Fernández Pardo que se interesó por la operación del traslado, guarda silencio. El futuro del sector naval no le tienta al principal partido de la oposición, que prefiere mantener con los barcos la misma actitud que con la mina: convergencia con los sectores sindicales hostiles al Gobierno como estrategia política frente al Ejecutivo de Areces. Las posturas de los tres partidos parlamentarios no casan con la prioridad que le daban a la industria en sus programas electorales.