El PSOE quiere acordar criterios para fijar los salarios de los ediles, pero no ve factible la determinación de los sueldos por ley. Ante la pretensión de establecer una regulación desde el Congreso de los Diputados se alza la doctrina del Tribunal Constitucional que aprecia en ello un ataque a la autonomía municipal. Los ayuntamientos o las diputaciones son instituciones soberanas, que no admiten tutelas, así que la fijación de los salarios corresponde a las propias instituciones locales.
Las cautelas expuestas por Álvaro Cuesta se completan con la decisión de fijar orientaciones o directrices sobre las nóminas de los ediles, pero sin poner topes concretos a la cuantía de los salarios. El diputado socialista considera que este asunto se debe resolver en la Federación de Municipios.
Bien, pese a los intentos de IU, las cosas están más o menos donde siempre estuvieron: los sueldos de los alcaldes los establecen los plenos de los ayuntamientos, así como los de los concejales, o los asesores, categoría esta última de gran predicamento en las comunidades gobernadas por los nacionalistas y que ahora se ha extendido por todos los rincones del mapa, de modo que para gestionar cualquier cosa hace falta tener al lado un asesor con 45.000 argumentos (euros). Si no se puede aprobar una ley para evitar abusos económicos, menos factible va a ser hacerlo a través de la Federación de Municipios, que no pasa de ser un lobby para presionar al Gobierno central sobre las ayudas que debe dar a los ayuntamientos. Todos los miembros de la Federación de Municipios están interesados en gozar de gran libertad para fijar sueldos, así que confiar en la autorregulación es un brindis al sol. Además, es difícil decirle a un alcalde que se baje el sueldo, cuando, por ejemplo, los eurodiputados, sin dar la cara ante el electorado y sin responsabilidades de gestión, ganan dinero hasta viajando en avión. Aquí la única solución pasa por devolverle la capacidad de decisión al ciudadano, convirtiendo el asunto en un tema electoral. Me explico. El día que uno de los dos grandes partidos lleve en su programa el sueldo máximo para sus alcaldes obligará al otro a hacer lo mismo, y de la competencia, como siempre, nace la bajada de costes.