El caso del doctor Andrenio se convierte en el primer test del mandato para la Consejería de Salud

Unos días después de que se formase el actual Gobierno regional tuve la ocasión de preguntarle a un diputado socialista sobre quiénes eran, a su entender, las personalidades relevantes del nuevo Ejecutivo. Sin vacilar, me citó en primer lugar a Ramón Quirós, el consejero de Sanidad, del que no descartaba que pudiese cometer errores, pero serían “sus errores”, porque el flamante consejero “tiene criterio propio y experiencia”, añadió. En efecto, experiencia no le falta a Ramón Quirós, que fue en la primera legislatura del presidente Areces, Director General de Salud Pública, mano derecha del entonces consejero, Francisco Sevilla.
Contar con ideas propias no es una mala cosa para la Sanidad asturiana, porque seis años más tarde de haber realizado la transferencia de competencias el presupuesto de la Consejería de Salud aumentó en un tercio, las listas de espera crecen y el Gobierno regional tuvo que sufrir dos huelgas que terminaron con sustanciosos incrementos salariales para los profesionales de la Sanidad. Seis años de Sanidad descentralizada (otras nueve comunidades asumieron la competencia simultáneamente con Asturias) han servido para demostrar que ese servicio público tiene capacidad para comprometer las finanzas autonómicas. En nuestro caso, también quedó claro que no se puede gestionar por el método de asumir órdenes, sino que hace falta que los consejeros de Sanidad tengan proyectos y equipos propios.
Un par de detalles, uno conocido y otro desconocido, sirvieron para recibir con optimismo los primeros pasos del nuevo consejero de Salud. En su toma de posesión, Ramón Quirós declaró que si el sistema no era capaz de acabar con las listas de espera, los pacientes acabarían marchando de la Sanidad Pública. Un diagnóstico exacto: hay otra Sanidad que se nutre de las ineficacias del sistema público. A medio plazo no hay monopolio sanitario. Una reflexión que vale para la Educación. El otro gesto consistió en responder con una negativa cuando la superioridad le pidió reubicar en el staff a determinado miembro del anterior equipo. Ideas claras e independencia de criterio.
Han bastado dos semanas de septiembre para que las buenas perspectivas trocaran en pesimismo. El problema ha llegado por un lado insólito: la fuerte medida disciplinaria contra un médico que goza del apoyo de sus pacientes. La Sanidad Pública recibe mil quejas de sus clientes, en Asturias y en todas partes. En los últimos años, la judicialización de las actuaciones médicas, en hospitales y centros de salud, supone un agobio para los profesionales y un quebradero de cabeza para los gestores del sistema. De alguna manera se puede decir que la sociedad acosa a la Sanidad. Pues bien, la Consejería de Salud ha decidido tomar una medida contundente en la dirección contraria, siguiendo el procedimiento poco habitual de sancionar antes de que se resuelva el recurso administrativo pertinente, a un profesional que ha sido avalado por 4.000 firmas en cuanto se supo que era trasladado de su puesto de trabajo y suspendido de empleo y sueldo por tres meses.
En estas líneas se mantiene una perspectiva estrictamente política, sin entrar a considerar las fricciones del médico con el personal sanitario de su centro de trabajo. En cualquier caso, no creo que de la peripecia concreta sea fácil deducir un juicio acusatorio, cuando la inspección sanitaria de Gijón concluyó su investigación sin cargos contra el profesional. Pero vamos al lado político del asunto.
Frente al prejuicio de que la Sanidad, como el Ejército, es principalmente un arsenal tecnológico, un conjunto de máquinas que sanan al paciente movidas por unos profesionales que están en segundo plano, se alza la realidad del capital humano, como principal e indiscutible activo de la Sanidad. Gestionar un servicio de salud es sobre todo realizar una gestión del personal, de modo que la demanda de los pacientes sólo será cubierta cuando se haya logrado implicar a los profesionales en la consecución de los objetivos fijados.
Desde que la Sanidad está en manos del Principado se intenta ampliar la jornada asistencial con trabajo de tarde, y resulta que cuando un médico extiende voluntariamente su horario de consulta, los pacientes ven cómo es calificado de conflictivo y, posteriormente, sancionado. Acabar con las listas de espera, objetivo fijado por el consejero, Ramón Quirós, obligará a copiar los métodos de trabajo del doctor Luis Andrenio González.
La valoración que hace la gente es un elemento esencial a la hora de juzgar el problema. Las pautas generales que sigue la Administración al relacionarse con el público no son enteramente trasladables a la Sanidad, como tampoco sirven para la Educación. Los pacientes son parte activa del sistema, de modo que las cosas irán bien cuando jueguen un papel adecuado. Si todo el mundo fuma dos cajetillas diarias no sirve para nada contratar a más médicos del pulmón. Si un médico goza del apoyo incondicional de los enfermos, resulta una pésima decisión cambiarle del puesto de trabajo. ¿A quién se castiga?
Hay un punto oscuro, realmente inquietante, en el expediente administrativo, que tiene que ver con la insistencia en proceder a reconocimientos médicos-laborales al doctor cuestionado. El Principado debería ser extremadamente cuidadoso antes de dar un paso así. La salud es un asunto estrictamente privado, que no debería introducirse como argumento en la resolución de un problema laboral. Antes de optar por esa vía, deberían preguntarse los responsables de la Consejería a cuántos médicos del Principado se les ha suspendido tres meses de empleo y sueldo por mantener una discusión con otro trabajador, por muy inconvenientes que fueran las palabras empleadas.
Ramón Quirós, consejero con personalidad e ideas propias, no debería asumir toda la herencia del consejero Sariego. Al igual que no aceptó reubicar en la consejería a un antiguo directivo, tampoco tendría que avalar una decisión disciplinaria concreta que presenta tantas sombras como zonas de luz. Y por último: transparencia. Cuando la polémica está en la calle, el Gobierno tiene que dar la cara, sin esperar a que la oposición le reclame en el Parlamento.