Jaime Rabanal lanza un mensaje tranquilizador a la opinión pública, afirmando que los compromisos de Zapatero con Cataluña, respaldados por los Presupuestos Generales del Estado, no ponen en riesgo las inversiones del Gobierno central en Asturias. El consejero de Economía asegura que se trata de proyectos firmes y consolidados, así que la viabilidad de las actuaciones está asegurada.
Estamos envueltos en una atmósfera política tan especial, donde sólo importan los intereses de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que es probable que muchos ciudadanos se queden reconfortados con las declaraciones de Rabanal. Si la autovía del Cantábrico progresa, si se construye la variante de Pajares, si la nueva vía de La Espina a Ponferrada cuenta con respaldo presupuestario, el futuro está asegurado. Es una forma infantil de pensar, que trata de olvidar la complejidad de las cuentas del Estado para concentrarse en las licitaciones de una autovía o un ferrocarril. La cultura económica afianzada en tres décadas de democracia la estamos mandando al vertedero, al creer que la bondad del Gobierno se mide por la prodigalidad del gasto. Mientras aumente la recaudación fiscal se pueden hacer muchas promesas, pero el día que bajen el empleo y el consumo, todo el invento se vendrá abajo.
El acuerdo de Zapatero con Cataluña no pone en peligro la variante de Pajares, sino el equilibrio económico del Estado. De una sola tacada los catalanes han sacado 826 millones de euros adicionales para el año en curso, y la fórmula de cálculo que posibilita esa plusvalía la van a aplicar hasta el año 2013 recibiendo por adelantado lo que el Estado les iba a dar en 20 años. Dice Álvaro Cuesta que no hay problema, que todo está bajo control, porque lo que se invierte en Cataluña es lo que se amortiza de deuda pública. Ahí es nada, el saneamiento de las cuentas del Estado se destina a Cataluña, de forma que el superávit presupuestario quedará comprometido o muy reducido. Ahora se puede comprobar cómo el “Estatut” no era sólo una soflama identitaria sino una pesadísima carga para lar arcas del Estado. Ante este panorama, no cabe hacer argumentaciones en clave autonómica, porque lo que está en riesgo es la solidez de la casa común.