En los últimos años, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado ha desembocado en un debate entre comunidades autónomas, para ver qué territorios salían más favorecidos o perjudicados. Hay muchas formas de establecer comparaciones, pero no es mala cosa poner en relación la inversión en cada región con los ciudadanos que hay en ella. Asturias volverá a ser en el próximo año la comunidad que reciba más dinero del Estado por habitante, así que los asturianos no salimos mal parados con las inversiones del Gobierno.
En los últimos diez años, las inversiones del Estado se han quintuplicado en nuestra región, mientras que, por ejemplo, en la comunidad madrileña han quedado lejos de duplicarse. El PP dice que hay una gran diferencia entre las cuentas que se aprueban y el montante que se acaba ejecutando, sumándose a una crítica que hacen siempre los partidos de oposición. La misma acusación hacían los socialistas al Gobierno de Aznar. La realidad es que hace diez años el Gobierno central invertía 206 millones de euros en Asturias, y para el 2008 habrá presupuestado 1.094 millones. A la luz de estas cifras no se entiende que todo el debate sobre la política de Zapatero en nuestra región gire en torno a la fallida promesa de rescatar el peaje del Huerna. O se entiende demasiado, porque ese es el resultado de la falta de interés de los ministros por venir a defender la política del Gobierno.
Para el próximo año las inversiones del Estado crecen, fundamentalmente, en Cataluña, Andalucía y Baleares. Los nuevos estatutos de autonomía obligan al Estado a destinar grandes cantidades de recursos en esas regiones para no incumplir la legalidad. En siete años, Cataluña recibirá lo que estaba previsto obtener en veinte. ¿Necesita Asturias otro texto estatutario que garantice un determinado volumen de inversiones? No creo que Las Cortes aprueben una norma así para nosotros. La reflexión debe ir por otro lado. ¿Por qué Asturias recibió tanto dinero en la última década? La respuesta es clara: porque había detrás un territorio fuerte y cohesionado, con la excepción de las dos comunidades, País Vasco y Navarra. Conclusión: hay que blindar el Estado, como propuso, con otras palabras, el propio Consejo de Estado.