La consulta de Ibarretxe y las cuotas presupuestarias de catalanes y andaluces agrietan el territorio común
El lehendakari ha resucitado el “plan Ibarretxe”, casi tres años después de que fuera rechazado en el Congreso de los Diputados y derrotado en las urnas vascas, al perder tres escaños y 140.000 votos, en las elecciones autonómicas del 17 de abril de 2005, a las que había comparecido con la estrategia soberanista como bandera electoral. De la invocación genérica a una consulta popular, con el objetivo de llegar a un “Estado asociado” que tuviera una “relación amable con España”, se ha pasado a un tortuoso plan con dos referéndum, que tanto sirven para desarmar a ETA como para dejar en papel mojado las resistencias de las instituciones democráticas del Estado al intento de autodeterminación del País Vasco. Como tantas veces ocurre con los nacionalistas, no importa tanto la coherencia de la propuesta y su capacidad de llevarla a la práctica, como el hecho de lanzar el desafío, porque como tiene señalado Juaristi, los nacionalistas juegan en la vida pública con las reglas del mus a la vasca: órdago a la “grande” y a la “chica”, simultáneamente, sin levantar las cartas de la mesa.
Ibarretxe creyó llegado el momento adecuado para mover pieza al darse dos condiciones: Imaz arrojó la toalla y las comunidades autónomas más poderosas negocian con Zapatero las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado. Aunque en los medios aparecía la controversia entre Imaz e Egibar, en realidad el antagonismo se daba entre el presidente del PNV y el presidente del Gobierno vasco. Con el anuncio del abandono de Imaz, el lehendakari vio el camino despejado, y los últimos acontecimientos de la política española, con los gestos de radicalismo del nacionalismo catalán y el nuevo formato de negociación territorial de los Presupuestos Generales del Estado, han acabado por convencerle de que era el momento adecuado para lanzar el órdago. Además, Solbes acababa de ceder en la negociación del cupo y la financiación para la “Y” vasca ya está despejada.
No es nada difícil desmontar la propuesta de Ibarretxe, porque lejos de ser la obra de un fino orfebre de la política, se trata de una chapuza descomunal, en la que junta churras con merinas, para llegar al otoño de 2010 en condiciones de convocar el llamado “referéndum resolutivo”, que colma las aspiraciones históricas de nacionalistas de todo pelaje. Si el plan choca frontalmente contra la letra de la Constitución, el lehendakari lo subsana pactando con Zapatero; y si con el presidente español no llega a ningún acuerdo, Ibarretxe llama a las urnas para tapar el disenso con papeletas nacionalistas. El desafío está lanzado.
Pese a las concesiones realizadas a los nacionalistas y los nuevos estatutos de autonomía aprobados en Madrid, no soplan vientos favorables al acuerdo en Cataluña y el País Vasco. Ex presidentes, como Pujol y Maragall, realizan amargas reflexiones en la prensa sobre el camino recorrido por la vía autonómica, mientras en la calle, grupos radicales agravian la figura del Jefe de Estado.
La democracia española tiene leyes y mecanismos coercitivos para parar los planes inconstitucionales del nacionalismo gobernante y las algaradas en la calle de los radicales. En cuanto al terrorismo, puro y duro, ya quedó claro que la Policía sabe cómo tenerlo a raya. El problema no está en cómo detener el desbordamiento nacionalista, sino en dotarse de una base política racional que evite deshilachar el Estado.
RECTIFICACIÓN
Como faltan menos de seis meses para las elecciones generales, hay que ver la próxima legislatura como una gran oportunidad para corregir vicios y defectos. Lo que ha ocurrido este mes de septiembre con el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado no se puede volver a repetir. En el primer año de la presente legislatura, el entonces portavoz parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, pactó el proyecto presupuestario con los grupos de oposición, para dar solidez al incipiente mandato de Zapatero. Que el ministro de Economía quedase al margen fue una anomalía, pero se aceptó por la necesidad de reclutar parlamentarios que completasen la mayoría de gobierno. En el último año de la legislatura, no sólo quedó Solbes fuera de la negociación, sino que todo el Parlamento fue sustituido por las comunidades autónomas más poderosas, como Cataluña o Andalucía, que forman el “club del 4000”, porque reciben más de cuatro mil millones de euros de inversión del Estado. La relación bilateral marcada por los nuevos estatutos de autonomía ha cristalizado en la metodología con la que se confeccionan las cuentas del Estado.
Aunque Zapatero es el gran responsable del desconcierto territorial, la política seguida por el PP en los estatutos de autonomía de Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana, demuestra que el principal partido de la oposición también tiene que corregir sus planteamientos. En primer lugar, siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, hay que establecer un conjunto de competencias y recursos sin los cuales el Estado deja de ser lo que es y pasa a convertirse en un ente residual.
Esta reflexión vale para los parlamentarios asturianos cuando se acerca el momento de empezar a trabajar en comisión sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. Nuestro problema no está en blindar las aguas de los ríos ni en asumir mayores cotas de autogobierno, sino en comprender que sólo será viable la vía autonómica si está respaldada por un Estado fuerte que lleve a cabo políticas de reequilibrio territorial sin caducidad temporal. Por extraño que parezca, la existencia de un Estado fuerte es la única garantía de autonomía para las comunidades pobres. Si Ibarretxe, Montilla y Chaves fijan la dieta, los 1.000 millones que nos llegan del Estado tenderán a desaparecer.
El desafío de Ibarretxe y la aplicación presupuestaria de las gravosas condiciones económicas fijadas por los nuevos estatutos al Gobierno central ponen sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre el Estado. La cuestión no está en dar mayor autonomía a ayuntamientos y comunidades, sino en definir la masa de competencias y recursos que no puede ceder el Estado sin perjuicio de hacer dejación de sus responsabilidades.