EL acuerdo de la concertación social (ACEBA) fue ayer presentado en sociedad con la liturgia de la firma y la foto. El presidente Areces, acompañado de los máximos responsables de UGT y CC OO, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, y del presidente de la patronal, Severino García Vigón, ensalzó las cualidades del ACEBA, que puso en línea con las políticas más avanzadas que se siguen en la UE. Según el discurso oficial, el ACEBA contiene herramientas clave para ayudar a la industria, avanzar hacia el pleno empleo y combatir la inflación.
No quisiera echar agua al vino, pero gran parte de los contenidos del ACEBA, como las inversiones en infraestructuras o las políticas en educación y sanidad, entran de lleno en las competencias específicas de los gobiernos, así que no es necesario el apoyo de los sindicatos y de los empresarios para llevarlas a cabo. Por otra parte, si se quiere combatir la inflación y mejorar el empleo, no habría ayuda más eficaz que un pacto entre los agentes sociales sobre topes salariales y políticas de reinversión de beneficios, auténtica asignatura pendiente en todos los acuerdos sociales firmados en el Principado en la etapa autonómica. El famoso Pacto de la Moncloa, el acuerdo político-social más beneficioso de la democracia, se basaba en las cesiones realizadas por los agentes sociales para contener una inflación interanual que andaba por el 37%. Como el ciclo económico de la bonanza toca a su fin, un pacto sobre rentas y excedentes sería muy beneficioso para Asturias. Un ejemplo: la inflación del año 2007 va a suponer a las empresas un coste de 400 euros por cada trabajador. Digámoslo claro: la concertación asturiana no implica sacrificios, por eso ningún firmante del acuerdo insinuó la conveniencia de limitar las expectativas económicas de las partes.
Todos los dirigentes de la concertación pidieron que el Parlamento no sea obstáculo para garantizar la financiación del acuerdo. El 20% de los recursos exceden las posibilidades de la prórroga presupuestaria y necesitan una autorización de crédito parlamentaria. El mensaje para PP e IU es claro. Queda por ver si el llamamiento hace su efecto o si tiene prioridad la lucha partidista.