La gran novedad de la campaña electoral en Asturias es el debate sobre la oficialidad de la llingua. IU llevaba bastantes años enarbolando la bandera de la oficialidad, acompañada de pequeños grupos políticos y asociaciones culturales. El PSOE y el PP mantenían hasta el momento una postura común, tendente a favorecer el desarrollo de la llingua pero sin franquear la frontera de la oficialidad. Bien es cierto que durante la negociación de la última reforma del Estatuto de Autonomía, allá por el año 1998, el PP propuso recoger en un artículo del Estatuto que la oficialidad se pudiera adoptar por ley ordinaria del Principado, para no tener que propiciar una reforma estatutaria específica si un día se quisiera dar ese paso, pero el PSOE no aceptó esa propuesta.

Así estaban las cosas, cuando De Lorenzo, de forma inesperada, comenzó a introducir la llingua en intervenciones jocosas sobre rivales o compañeros de partido (caso de Ovidio Sánchez), para plantear, posteriormente, la necesidad de cambiar el estatus de la llingua, dándole rango oficial. Pilar Fernández Pardo respaldó la postura de Gabino de Lorenzo y se declaró partidaria de la oficialidad. Se trata de un salto cualitativo, que de ser respaldado por la dirección regional del PP, creará una mayoría en la Junta General del Principado favorable a la oficialidad, dejando a los socialistas aislados en su postura de rechazo.

La oficialidad, en versión Gabino de Lorenzo-Pilar Fernández Pardo, llega envuelta en un mensaje: oficialidad sin imposiciones. Es una forma pausada de vender una propuesta que suscita división de opiniones entre la sociedad. Muchas de las cosas que están en el debate político y electoral son contempladas con clara indiferencia por los ciudadanos, sin embargo, no conozco a nadie que se encoja de hombros ante la oficialidad de la llingua. Para unos es motivo de júbilo, la mejor noticia que podían recibir de los políticos, y para otros es causa de disgusto y enfado.

¿Qué quiere decir la oficialidad de la llingua sin imposiciones? El artículo 3 de la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado, y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Al más alto rango legal, el castellano está protegido frente a otras lenguas, aunque en las comunidades gobernadas largos años por los nacionalistas ocurren todo tipo de excesos contra el castellano, reduciendo sus horas de clase en los planes de estudio y forzando a niños y no tan niños a hablar en las lenguas específicas de esas comunidades. Un escenario así es impensable en Asturias, al menos por muchos años.

Ahora bien, si una lengua es oficial en un territorio tendrá que plasmarse de alguna manera en los planes de estudio y en las formas de relación de la Administración con los ciudadanos. No puede dejarse al albur de profesores y funcionarios. La oficialidad no significa que cada uno libremente pueda hablar en la lengua que le plazca por la calle, como se deduce de algunas de las manifestaciones de Gabino de Lorenzo, porque eso es simplemente lo que ocurre en un territorio dónde hay libertad. La oficialidad comporta un compromiso muy superior, porque conlleva la presentación de oficios bilingües por parte de la Administración y la contratación de traductores para respetar los derechos de los ciudadanos que quieran utilizar una determinada lengua.

La oficialidad de la llingua es perfectamente posible en Asturias. Lo que tienen que valorar De Lorenzo y Fernández Pardo es si esa medida conecta con los intereses de su electorado y con el discurso de Rajoy. En caso afirmativo, a por la victoria con la bandera del bilingüismo.