La FSA respalda las manifestaciones realizadas por Jaime Rabanal, en las que rechazaba incluir en la reforma del Estatuto cualquier exigencia sobre las inversiones del Estado en nuestra región. En cualquier caso, la FSA recuerda que la postura de los socialistas asturianos consta en el programa electoral.

El programa de los socialistas no es tajante en este punto. Aborda la cuestión de las inversiones del Gobierno central, supeditándola a un gran acuerdo político nacional, para citar a continuación algunas características específicas asturianas, como su condición de región montañosa, con población envejecida y especial protección medioambiental. Son dos cuestiones distintas. Una tiene que ver con la financiación autonómica, en la que la orografía, la elevada edad de los ciudadanos o los espacios protegidos deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar el coste de los servicios públicos (educación, sanidad) que se prestan en Asturias, y el otro asunto es el de las inversiones del Estado. Catalanes y andaluces han incluido ambas cosas en sus respectivos estatutos, y ahora nos toca decidir a los asturianos.

Asturias ha salido muy favorecida, hasta ahora, por las inversiones del Gobierno central en nuestra región, de modo que recibimos mucha mayor inversión por habitante de la que nos correspondería por nuestra aportación a la economía nacional o por el peso relativo de nuestra población en el conjunto de España, que son los criterios que utilizan catalanes y andaluces para reclamar un umbral mínimo de inversiones al Gobierno central. Para el futuro no tenemos nada asegurado. En el Estatuto puede obviarse este asunto, o puede fijarse una cantidad que tenga relación con una supuesta deuda histórica a fijar unilateralmente desde nuestra región. Soy consciente que es muy poco riguroso razonar así, pero es que por esta vía nos han precedido otras comunidades autónomas. Cuando se entre en la negociación multilateral de la financiación autonómica, algunas regiones ya partirán con un paquete económico extra, fijado en sus estatutos, que les permitirá hacer concesiones en el regateo del coste de sus servicios. Ejemplo: gastarán menos en carreteras y dedicarán ese dinero a la Sanidad.