La responsable de financiación autonómica en el PSOE, Carmen Hermosín, lanza un mensaje de tranquilidad a los asturianos al afirmar que el nuevo modelo de financiación tendrá en cuenta el envejecimiento de la población y su dispersión por el territorio. Igualmente, resta importancia a las cláusulas de inversión estatal adoptadas por algunos estatutos de autonomía, como el catalán y el andaluz, asegurando que no debilitarán el sistema de financiación territorial.

Es de imaginar que las palabras de Hermosín estarán en sintonía con las ideas de Pedro Solbes, porque aunque no está nombrado el nuevo Gobierno, todo indica que será el responsable de pactar la financiación con las comunidades autónomas. Hecha la precisión, entremos en materia. Es de prever que el envejecimiento sea una variable a contemplar en la financiación de los territorios, porque el gasto sanitario se dispara a partir de cierta edad; como Asturias es la segunda región en tener una media de edad más elevada (el 22,5% de los asturianos supera los 65 años) obtendrá más recursos por esa vía para la atención sanitaria. La dispersión de la población no creo que nos afecte mucho, porque las alas de la región se están despoblando y el 80% de la gente se concentra en los 3.000 kilómetros cuadrados del área central.

En cualquier caso, no nos debemos engañar. Por más que se pondere el envejecimiento, la dispersión y las dificultades orográficas del territorio, la variable que más va a pesar para reajustar la financiación de los territorios es la población. El cambio en esta materia es espectacular; la población creció en más de cinco millones de personas desde 1999, tomado como base para calcular el modelo de financiación que rige actualmente. Madrid o Cataluña han crecido en un millón de personas en los últimos nueve años y nosotros perdimos algunos habitantes. En el gasto sanitario pesa mucho más el crecimiento de cartillas que el envejecimiento de los usuarios. No nos hagamos ilusiones.

El otro asunto al que alude Hermosín es el de las inversiones del Estado recogidas en algunos estatutos. Lo primero que hay que decir es que es una aberración intelectual, administrativa y jurídica que las normas para regir comunidades impongan obligaciones de inversión al Estado.

Aceptado el disparate, cabe decir que la financiación autonómica es otra cosa, relacionada con la cobertura económica de los servicios públicos, y no tiene que ver con las inversiones del Gobierno central. Hasta ahora, Asturias, sin cláusulas que sancionen privilegios, recibió un volumen de inversión per capita superior a Cataluña. Cuando la crisis económica avance y disminuya la recaudación tributaria, las cosas pueden ser distintas. Nosotros carecemos de garantías y los catalanes tienen una ley orgánica obligando a invertir. De todas formas, en la vida real no hay ley que garantice inversiones cuando no hay dinero. El Plan de Desarrollo de López Rodó, en 1973, quedó en vía muerta al desatarse la crisis del petróleo. Pese a las palabras de Hermosín, la batalla de la financiación autonómica será dura.