Los dos grandes partidos, PSOE y PP, están de acuerdo en introducir en la reforma del Estatuto de Autonomía la novedad de la Policía Autonómica. Nuestra comunidad contará con Policía propia, como ya han hecho otras regiones. Se puede crear este cuerpo por emanación directa del nuevo Estatuto o hacerlo a través de una ley ordinaria que desarrollará la nueva competencia incluida en la reforma estatutaria.

En el primer mandato del presidente Areces se planteó la creación de una unidad policial adscrita al Principado, que se nutriría con el destino voluntario de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa fue entonces muy contestada por la personalidad del mando policial designado para dirigirla. Traigo a colación este hecho para recordar que ya entonces desde sectores de la derecha y la izquierda se argumentó que Asturias no necesitaba una Policía Autonómica, porque sólo significaba un gasto absurdo, contando con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es evidente que la dotación de cualquier cuerpo funcionarial conlleva un gasto permanente en los Presupuestos del Principado. Pero lo que hace falta es discutir si es necesaria la existencia de un cuerpo policial de carácter autonómico.

El Gobierno central tiene unos cuerpos policiales desplegados por toda España, que tienen como misión la persecución del delito, el mantenimiento del orden, la prestación de auxilios y algunas funciones específicas muy relevantes, como es la vigilancia y regulación del tráfico. A escala urbana existe la Policía Municipal desempeñando, dentro de las ciudades, algunas de las funciones que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre el Gobierno central y las corporaciones municipales está el Principado que no tiene Policía. Se trata de una situación absurda, ya que alcaldes como Paz Fernández Felgueroso o Gabino de Lorenzo, que no tienen apenas competencias en materias de educación, sanidad o medio ambiente, cuentan con 300 agentes a su servicio, que pagamos todos los ciudadanos, y una institución de mucho mayor peso, como es el Gobierno regional, tiene que pedir agentes prestados para escoltar los principales edificios públicos de la comunidad autónoma.