El Gobierno regional va a pedir autorización a la Cámara para acometer inversiones en los ayuntamientos. Si el Parlamento da el visto bueno a la demanda del Principado se iniciarán obras en infraestructuras, como carreteras o saneamiento, y se construirán polideportivos y centros culturales. En caso contrario las actuaciones quedarán aparcadas aunque los alcaldes esperan por ellas. Tras el rechazo al proyecto presupuestario para el año 2008, el Gobierno regional pidió un crédito a la Cámara para llevar a cabo los compromisos recogidos en el pacto social, firmado con sindicatos y empresarios, siendo aceptada su petición. Veremos ahora qué ocurre con el crédito vinculado a proyectos municipales.

Desde que se inició la legislatura el Ejecutivo se encuentra en minoría en la Junta General del Principado, al fracasar la reedición del Gobierno de coalición entre PSOE e IU. En el Parlamento hay una mayoría tácita formada por los dos grupos de la oposición, PP e IU. Una situación atípica que tuvo como primer efecto la caída de la actividad parlamentaria. El Gobierno sólo presentó un proyecto de ley en la Junta General del Principado, a lo largo de diez meses, que fue la propuesta de presupuestos para el año 2008. Tras el rechazo de las cuentas regionales, las funciones parlamentarias quedaron reducidas al mínimo. En el primer cuatrimestre del año lo único reseñable fue la aprobación del crédito para desarrollar el pacto social. No hay indicios fiables que nos sirvan de guía para saber qué orientación va a tomar el Parlamento ante nuevas iniciativas del Gobierno.

De manera paralela ha empezado la negociación de la reforma autonómica, que camina a buen ritmo apoyada en la gran coalición formada por PSOE y PP, que suma 41 escaños en la Cámara, sobre un total de 45. IU va a remolque de los acontecimientos, quejándose de ser marginada en la negociación. Es probable que al final IU quede fuera del acuerdo estatutario, lo que la alejaría definitivamente del Gobierno. Lo más curioso de todo este asunto, es que en la Junta General del Principado se puedan negociar iniciativas parlamentarias de gran envergadura, como la reforma autonómica, y haya grandes dificultades para aprobar partidas ordinarias de gasto.