Los grupos de oposición aclararon ayer que daban su aprobación al crédito que permite desarrollar los proyectos recogidos en el pacto social con el objeto de paliar la situación de crisis. El Gobierno regional va a enviar a la Cámara otra solicitud de crédito para financiar más de un centenar de actuaciones municipales. Como la coyuntura de crisis o desaceleración económica no va a variar es de esperar que PP e IU también voten a favor de esas partidas de gasto que beneficiarán a los concejos. Los dos grupos advirtieron de que no tolerarían una visión sesgada del Gobierno sobre las iniciativas municipales de modo que sólo beneficiara a los ayuntamientos socialistas. Se trata de una premisa que vale para cualquier contexto, ya que el dinero de todos los asturianos no se puede invertir por motivaciones exclusivamente partidistas.

El proyecto de presupuestos para el año 2008 se rechazó por razones estrictamente políticas, que en el caso del PP estaban ligadas al antagonismo que existe en toda España entre los dos grandes partidos -en ninguna comunidad autónoma votan juntos PSOE y PP los presupuestos- y en el caso de IU, por la ruptura del Gobierno de coalición. La prórroga presupuestaria no significó una discrepancia sobre las partidas de gasto, sino el fracaso político del Gobierno al quedar en minoría en la Cámara. Celebradas las elecciones generales y con todas las alarmas económicas encendidas, las desavenencias políticas no pueden servir de excusa para detener la actividad económica.

Si los partidos de oposición no estuvieran atravesados por fuertes tensiones internas -originadas por la disputa del congreso del PP y la sustitución de Llamazares en IU- lo lógico sería que forzaran al Gobierno a aprobar en la Cámara un paquete de medidas anticrisis, disputándole el protagonismo político. Es un buen momento para tomar la iniciativa, pero en la escena política asturiana hay una carencia absoluta de imaginación. Cuando la ciudadanía espera una respuesta de las administraciones ante la crisis, los partidos que tienen, de facto, la mayoría en la Cámara prefieren demostrar que mandan ralentizando las decisiones parlamentarias, en vez de imponer soluciones al Gobierno.