La reforma del Estatuto incluirá la libertad para convocar comicios, un arma reservada a las comunidades históricas

La política asturiana sólo avanza en la dirección de la reforma del Estatuto de Autonomía, ya que el resto de iniciativas parlamentarias tienen un curso contradictorio; tan pronto hay acuerdo entre el Gobierno y la oposición para aprobar un crédito que dé cobertura a los objetivos del pacto social (ACEBA) como la oposición se impone al Gobierno e impulsa una nueva ley de asturianía sin esperar a lo que el Estatuto disponga en esa materia.

La reforma del Estatuto de Autonomía se apoya en el acuerdo entre el PSOE y el PP, como ocurrió en anteriores reformas. En la ponencia parlamentaria están representados los tres grupos (PSOE, PP e IU) pero, al margen de la negociación parlamentaria, hay un diálogo fluido entre los dos grandes partidos que va decantando compromisos. Es lógico que IU se queje de esta vía paralela, pero es habitual que los diálogos multilaterales vengan precedidos de acuerdos bilaterales. La Constitución apoyada por UCD, PSOE, PCE, CiU y parte de AP fue el producto de una negociación privada entre Abril Martorell y Alfonso Guerra.

Ante el Estatuto de Autonomía hay dos posiciones maximalistas que eluden la realidad. Por un lado están los que pretenden imitar las propuestas de los partidos nacionalistas, como si un preámbulo epatante o la fijación de un paquete competencial muy amplio sirvieran para solucionar alguno de los problemas que tiene Asturias. La otra postura consiste en negar la reforma, como si estuviéramos en condiciones de detener el desarrollo del Estado de las Autonomías desde una región de un millón de habitantes. No es la primera vez que ocurre algo de este tenor. Cuando diez comunidades autónomas, entre ellas Asturias, negociaban en el año 2001 la transferencia de las competencias de Sanidad, algún líder político propuso rehusar al traspaso ante el temor de no lograr una cuantía económica suficientemente generosa para gestionar la red de hospitales y centros de salud. Entonces se daba por factible la posibilidad de quedar dentro del Insalud en compañía de Ceuta y Melilla.

Sobre lo que ha supuesto el Estado de las Autonomías hay variadas interpretaciones, desde los que dicen que fue un acierto absoluto hasta los que le endosan la culpa de todos los males que aquejan a España. No sabemos cómo nos hubiera ido con un Estado centralizado, así que no es fácil emitir un juicio. De lo que no cabe duda es de que cuando Adolfo Suárez pasó de la tesis de conceder estatutos a las llamadas «comunidades históricas» a proclamar el «café para todos», cualquier región hubiera perdido renunciando a la descentralización. Dentro del Estado de las Autonomías hay distintas estrategias, y de lo que se trata es de acertar.

PSOE y PP están de acuerdo en que el Estatuto faculte al presidente del Principado a disolver la Cámara cuando lo considere oportuno, convocando elecciones anticipadas. Un paso esencial para gozar de plena autonomía política. Da más personalidad al Principado esta facultad del presidente que diez traspasos de competencias marginales o que el blindaje jurídico del agua de los ríos.

Manejo de los tiempos

Hasta el momento, el tiempo político sólo estaba en manos de catalanes, vascos, gallegos y andaluces, que tenían reconocida la competencia de interrumpir la legislatura cuando el presidente autonómico lo considerase conveniente. El resto de comunidades tenían bloqueada esta posibilidad, debiendo rendir cuentas todas a la vez, en una cita electoral conjunta con los ayuntamientos. Este tratamiento indiferenciado era la más clara muestra de falta de autonomía, del escaso reconocimiento de su personalidad política. Los avatares de los parlamentos autonómicos de Aragón, Murcia o Asturias pueden ser muy distintos, y no cabe recetar para todos la misma medicina. Veamos un caso concreto que muestra el problema del déficit de autonomía política en las instituciones asturianas.

En el año 1998, cuando la ofensiva del aparato del PP contra Sergio Marqués pasó del simple acoso a la guerra abierta, el entonces presidente asturiano no pudo disolver la Cámara y tuvo que acabar refugiándose en el Grupo Mixto. Si en el verano de 1998 hubiera podido disolver la Junta General del Principado y convocado elecciones, el resultado en las urnas le hubiera sido mucho más propicio que un año más tarde, cuando obtuvo tres escaños. La mera posibilidad de disolución anticipada hubiera derrumbado la estrategia prepotente del aparato del PP.

La disolución anticipada de la Cámara autonómica, tal como se valora por PSOE y PP, tiene una dimensión aún más importante, porque conlleva la creación de un calendario electoral asturiano, que sirve para condicionar desde una pequeña comunidad, como la nuestra, la agenda política nacional. Cuando se celebran elecciones autonómicas de forma conjunta, adosadas a los comicios municipales, el debate es de carácter nacional, aunque se hable de infraestructuras o servicios públicos regionales. Sin embargo, si los comicios se celebraran sólo en Asturias, la atención general se centraría en nuestra región y los resultados en las urnas tendrían la validez de un ‘test’ de carácter nacional. Ésta es un arma muy poderosa que hasta ahora sólo tuvieron en sus manos las comunidades históricas. Si las elecciones autonómicas gallegas fuesen siempre en la misma fecha que el resto de comicios autonómicos, la importancia de la comunidad vecina hubiera quedado inmediatamente devaluada.

Otorgar al presidente asturiano el manejo de la legislatura autonómica, liberándose del corsé del calendario nacional, es el paso que necesitaba Asturias para adquirir la mayoría de edad como comunidad autónoma. Conozco el prejuicio que genera esta competencia: el desgobierno de 17 calendarios electorales. Acepto la crítica y propongo solución: todos los comicios en la misma fecha. O todos tenemos las manos atadas o quiero que las nuestras estén tan libres como las vascas o las catalanas.

La asunción de otro tipo de competencias, como quiere IU, no la encuentro interesante, porque la experiencia nos indica que carecemos de capacidad financiera para gestionarlas con holgura. Para nosotros, el Estado es más una solución que un problema.