El pacto suscrito por el Partido Socialista e Izquierda Unida para gobernar en Asturias durante esta legislatura contempla una previsión legislativa sorprendente, porque de las ocho leyes acordadas, siete estaban ya en el programa socialista (ley de Biodiversidad y Paisaje, Ley de Derecho a la Vivienda, Ley de Igualdad, Ley de Salud y Servicios Sanitarios, etcétera) y una sola corresponde a la aportación de IU: la Ley de la Lengua de Signos y Apoyo a la Comunicación Oral. Esta norma es fruto de una acertada sensibilidad social, pero sorprende que IU no haya querido introducir en el programa de gobierno un corpus legislativo más amplio.
Al iniciarse el anterior mandato autonómico (2003-2007), PSOE e IU firmaron un acuerdo de gobierno que incluía el desarrollo de 23 leyes, aunque en toda la legislatura sólo fueron capaces de llevar a la Cámara una decena de esas propuestas legislativas. Sin embargo, en el primer mandato de Álvarez Areces, apoyado en la mayoría absoluta sacada por el PSOE en las urnas, se aprobaron más de 40 leyes. Hay que recordar que en aquel mandato la Cámara estuvo casi paralizada en el primer año de legislatura, en el que sólo se aprobó una norma, la Ley de Cajas, que era un auténtico torpedo contra la línea de flotación del Principado.
Me incluyo entre los que piensan que los problemas no se solucionan con leyes, salvo en casos contados, pero la primera inclinación de un partido cuando llega al Gobierno suele ser mandar proyectos legislativos a la Cámara, aunque sólo sea para resarcirse de la impotencia que sentía cuando ocupaba los escaños de la oposición.
Puede que este mandato pase a los anales de la Junta General del Principado como el de más escasa producción legislativa, lo que nos lleva a reflexionar sobre el papel del Parlamento asturiano: pocas leyes, escaso pulso de la oposición en la labor de control al Gobierno y nula existencia de debates políticos rigurosos sobre asuntos de interés regional. Sobre esta última cuestión recuérdese cómo se despachó, recientemente, en la Junta General del Principado la postura que va a llevar nuestra comunidad autónoma al debate nacional sobre financiación autonómica.
Si a eso añadimos la escasa densidad de la actividad parlamentaria, nos encontramos con una situación como la creada en la primera parte del año, en que el Parlamento quedó inhábil para el trabajo tras ser rechazado el proyecto de presupuestos (diciembre 2007) y no fue capaz de retomar el pulso normal de su actividad hasta bastante después de la celebración de las elecciones generales.
En las primeras legislaturas se registraron debates de calado sobre asuntos de interés general, como la reconversión industrial o la política energética. Posteriormente, estos asuntos rara vez merecieron la atención de un pleno parlamentario, quedando relegados al tratamiento en la comisión correspondiente, y de esta forma no tienen que participar en ellos los principales líderes parlamentarios.
Desde los tiempos en que Antonio Landeta presidía la Junta General del Principado se fue consolidando una tendencia que consiste en hacer visible el Parlamento fuera de sus labores institucionales, por la vía de una agenda apretada que incluye la asistencia a todo tipo de actos, que van desde la presentación de un libro hasta la inauguración de un balneario. Puede que de esa forma se haga más conocida la institución, pero su eficacia no avanzará un ápice.
Diputación
Hay un punto concreto que concentra el interés de la clase política sobre la Cámara autonómica: la aprobación de los presupuestos anuales del Principado. En todos los parlamentos el debate de los presupuestos constituye una de las grandes citas del curso parlamentario. En Asturias, es algo distinto: la aprobación o el rechazo de los presupuestos es el único asunto que convierte al Parlamento en una institución imprescindible. El resto de la actividad parlamentaria tiene una importancia menor, de mero acompañamiento a los actos que producen las administraciones.
La aprobación presupuestaria tiene un cariz diferente en nuestra región porque se identifica la actividad parlamentaria con la aprobación de recursos económicos para la construcción de infraestructuras o el mantenimiento de servicios públicos. Digamos que para hacer eso ya teníamos la Diputación provincial. Y aquí llegamos al punto clave: a lo largo de la etapa autonómica, la clase política asturiana ha ido desfigurando el sentido de las instituciones autonómicas hasta lograr reducirlas a los perfiles de una Diputación provincial. A través de la devaluación de la producción legislativa, del relajo en las sesiones de control al Gobierno y del desinterés de los parlamentarios por cumplir con su labor, se ha llegado al estado actual. Sirva de ejemplo lo acontecido con un popular líder sindical que pasaba por ser uno de los principales diputados sin que se hubiera oído su voz ni una sola vez en el pleno de la Junta General del Principado.
Justo es reconocer que la Diputación gozó de épocas de gran eficacia, baste recordar la época en que fue presidida por el vallisoletano López Muñiz, que sirvió para realizar la autopista ‘Y’, el consorcio de aguas (Cadasa), el Hospital General, la autopista del Huerna o el hotel de La Reconquista. La cuestión está en que en el Estado de las Autonomías los parlamentos autonómicos son algo más que un ente que aprueba el dinero para hacer carreteras.