Ramón García Cañal y Alejandra Cuétara han criticado la política de altos cargos de la Administración autonómica. Los dos diputados del PP manifestaron que al inicio de la legislatura ya se produjo un aumento del 26,6% en los puestos de dirección, un porcentaje que se elevará sensiblemente con la entrada de IU en el Gobierno regional al tener que buscar acomodo en la Administración autonómica a los altos cargos cesantes. La denuncia de los diputados populares adquiere un mayor relieve al producirse en una época de profunda crisis económica, en la que son frecuentes las llamadas a la austeridad en el gasto corriente.

Criticar las contrataciones de altos cargos y sacar a relucir sus buenas o suculentas remuneraciones, supone ganarse el favor del público. Hay pocos temas más populares, máxime en una época como ésta, en la que se pierden 6.000 puestos de trabajo al día en España. Si se profundiza un poco en el asunto resulta que ningún partido puede tirar la primera piedra, porque la progresión de puestos de confianza en las administraciones públicas es creciente en todo el mapa autonómico. En cuanto al nivel de sueldos, el Principado está en uno de los últimos lugares entre las comunidades autónomas, empezando por la remuneración del presidente y siguiendo por la de los consejeros. Soy consciente que hay algún puesto de trabajo en organismos autónomos de la Administración que tiene una remuneración muy elevada, bastante por encima de lo que ganan los propios miembros del Gobierno regional, pero no es la norma.

Si se deja a un lado la demagogia y se quiere discutir de verdad sobre políticas de austeridad en el Principado, lo mejor es exigir desde el Parlamento que el Gobierno presente un plan detallado de reducción del gasto corriente, que engloba conceptos mucho más cuantiosos que los sueldos del personal de dirección. Ante la caída de ingresos, una multinacional poderosa, como ArcelorMittal, acaba de dar órdenes precisas a sus directivos para que reduzcan un 50% sus gastos. Las administraciones deberían imitar a muchas empresas privadas a la hora de desenvolverse en un contexto de crisis. Pero no creo que las críticas sobre los sueldos de la Administración autonómica estén movidas por el afán de contener el déficit público, sino por seguir a escala regional la puja iniciada en Oviedo.