Los portavoces de la mayoría parlamentaria han vuelto a hacer declaraciones sobre la Sindicatura de Cuentas. Fernando Lastra ha repetido que los síndicos se han extralimitado en sus funciones, tratando de fiscalizar a entidades que quedan fuera de su campo de competencia. Por su parte, Jesús Iglesias ha lanzado dos mensajes. Uno de carácter institucional, diciendo que hay que evitar el choque de la Junta General del Principado con la Sindicatura de Cuentas, y otro de carácter más novedoso, advirtiendo que para controlar las sociedades mixtas (con participación pública y privada) tiene medios suficientes el propio Parlamento, pidiendo que comparezcan los representantes de las instituciones autonómicas que están presentes en los consejos de administración de esas sociedades.

Los diputados tienen un cierto temor a criticar a la Sindicatura de Cuentas porque el nombramiento de los síndicos fue obra del Parlamento. Hasta ahora nadie se quejó del trabajo de los técnicos de la Sindicatura, sino del proceder de los síndicos, de ahí el discurso contenido de los portavoces. En algún momento tendrán que reconocer que se equivocaron. El supuesto choque institucional entre la Sindicatura y la Junta, aducido por Jesús Iglesias, resultaría insólito, porque no se dio en ninguna comunidad autónoma y no hay razones para que ocurra en Asturias. La responsabilidad sobre el correcto funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas corresponde en última instancia al Parlamento, al que debe dar cuentas la propia institución fiscalizadora.

Izquierda Unida lanzó tres mensajes a lo largo de esta semana sobre la Sindicatura. El primero fue votando en la mesa del Parlamento, en sintonía con el PP. Luego hizo un comunicado señalando que la instancia idónea para negar las pretensiones de la Sindicatura sobre algunas empresas mixtas era la Comisión de Economía y Hacienda, no la mesa de la Junta. Y, ayer, puso un gran énfasis en la capacidad supervisora del Parlamento sobre las empresas mixtas. Esta última cuestión no deja de ser una cortina de humo. Si una empresa tiene mayoría privada, las posibilidades de control del Parlamento no pasan del seguimiento de las subvenciones públicas. Puede forzar comparecencias, pero no puede chequear la contabilidad de esas empresas. Qué ganas de inventarse terceras vías.