Cuervas Mons considera que todas las sociedades participadas por el Principado deben ser fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas. El diputado popular califica de ‘cuento chino’ el argumento del síndico mayor y del letrado de la Cámara, negando competencia a la Sindicatura para auditar empresas mixtas con participación mayoritaria de socios privados. Cuervas Mons dice que estas empresas se financian con dinero de las administraciones, así que debe analizar sus cuentas la institución fiscalizadora de la comunidad autónoma.

La valoración del diputado del PP es política, como corresponde a su papel en la Cámara, pero no cabe discutir sobre este asunto obviando los informes de los técnicos. Quiero decir que el margen de discrecionalidad sobre este asunto es prácticamente inexistente, quedando las visiones personales o partidarias sometidas a lo que dice la ley. El debate sobre lo que se puede fiscalizar no se puede dirimir entre los diputados de la Junta de forma autónoma, sin límites, porque cabe llegar a soluciones que lesionen los derechos de particulares. Cuervas Mons plantea un asunto que es de interés: el control del dinero público que reciben sociedades como Asturgar, que el letrado de la Cámara las deja fuera del campo de actuación de la Sindicatura. En efecto, la Sindicatura puede comprobar el destino de las subvenciones que conceden las administraciones, pero no puede hacer una auditoría completa de estas sociedades. La gestión de un ente con capital privado mayoritario no puede ser controlada por la Sindicatura con la misma intensidad que un organismo autónomo de la propia administración o una empresa pública.

Para el PP son muy útiles los dictámenes de la Sindicatura, porque el debate en Asturias versa más sobre cuestiones de legalidad que sobre alternativas políticas. Hay muchas sociedades públicas en Asturias que serán auditadas, sin restricciones, así que puede estar seguro Cuervas Mons que no le va a faltar munición para criticar al Gobierno regional. El campo de actuación viene delimitado por el informe del letrado de la Junta, aunque desde la oposición se puede pedir cualquier cosa. Estamos en presencia de un debate que cambia con la geografía: lo que vale para Asturias no sirve para la Comunidad Valenciana.