La Sindicatura de Cuentas ha dado a conocer su valoración sobre la Cuenta General del Principado, realizando una serie de observaciones sobre asuntos polémicos: los sobrecostes de las obras y la forma de adjudicar los proyectos. La Sindicatura afirma que el Principado ejecuta las infraestructuras con un sobrecoste medio del 10%, pudiendo llegar hasta cerca del 20% en algunos casos; en cuanto a la forma de otorgar los proyectos, critica el abuso que se hace de las convocatorias de concursos cuando es mucho más correcta la adjudicación por subasta, única forma de asegurar la objetividad y la transparencia.

Lo que dice la Sindicatura está en línea con la doctrina del Tribunal de Cuentas. No obstante, como los sobrecostes están de moda en nuestra región y hay una susceptibilidad alta ante potenciales corruptelas en la adjudicación de infraestructuras, merece la pena hacer algún comentario. Vamos primero con la cifra: sobrecoste del 10%. Me parece un porcentaje bajo. Creo recordar que durante años la propia Administración trataba rutinariamente cualquier sobrecoste inferior al 20%. No creo que ninguna comunidad autónoma haga, habitualmente, autovías, hospitales o puertos por debajo de esa cifra. Trabajar con una holgura de un 10% en el presupuesto es un porcentaje que casi firma hasta un particular cuando encarga una obra. Uno de los principales ayuntamientos asturianos, muy conocido por sus «escobas de plata», ha llegado a presupuestar equipamientos por 2,4 millones de euros que luego costó casi diez veces más ejecutar. Claro está que esas actuaciones nunca serán auditadas.

Tiene razón la Sindicatura de Cuentas cuando señala que el procedimiento más transparente y objetivo para adjudicar una obra es la subasta, ya que gana el que ofrece el precio más bajo. Los concursos se prestan a favoritismos y son mucho más opacos. Ahora bien, lo que no resulta coherente es criticar los sobrecostes y pedir la generalización de las subastas porque los sobrecostes caminan de la mano de las subastas, ya que las empresas rebajan los precios al máximo para llevarse la adjudicación del proyecto y, luego, en la fase de construcción, aparecen los sobrecostes. La posible denuncia por baja temeraria, a cargo de la Administración, sólo sirve para empantanar las obras