Los incentivos para la compra de automóviles siguen creando fricciones entre los dos socios del Gobierno asturiano. IU insiste en lo pactado con el PSOE: las ayudas económicas a los ciudadanos deben ser progresivas (más para el que menos tiene) y contar con un techo, de modo que por encima de un determinado nivel de renta no sea posible acceder a las subvenciones. Por su parte, los socialistas consideran que esta ayuda es una iniciativa del Gobierno central y el Principado se limita a adherirse a ella.

Ni las objeciones de IU ni la contestación del PSOE entran en el meollo del asunto que no es otro que el apoyo a la industria automovilística, cuyas ventas han caído en picado y tiene cientos de miles de coches en stock. No cabe discutir sobre un asunto eludiendo la naturaleza del mismo. Las subvenciones anunciadas por Zapatero pretenden hacer frente a los expedientes de regulación de empleo en las fábricas de coches y al cierre de concesionarios y al desmantelamiento de redes comerciales.

Si a un partido de izquierdas no le interesan las medidas que mitigan el paro, mejor se dedica a revisar su estrategia. Las ayudas del Gobierno a los ciudadanos tienen un carácter meramente instrumental, porque el objetivo es mejorar la situación de una industria que ha sido clave en el progreso económico de España y da empleo a 350.000 trabajadores. Sin embargo, la única preocupación de IU descansa en que los ricos no tengan subvenciones para coches y en que los pobres reciban más que el resto de la población, como si se estuviera dilucidando una política de becas universitarias que empieza y termina en las propias familias.

La polémica resulta aún más absurda si tenemos en cuenta que no habrá ayudas para comprar coches que tengan un precio superior a los 30.000 euros, y que para recibir la subvención hay que entregar un automóvil con más de diez años de antigüedad: no creo que los millonarios adquieran coches populares y que transiten por la carretera con cacharros de matrícula antigua. Conclusión: el caso es discutir, ignorando el fondo de la cuestión. Peor es aún el caso de las comunidades gobernadas por el PP que se oponen al plan, con la excepción de Castilla y León, después de que en enero presentara el grupo de Rajoy una iniciativa para subvencionar con 1.000 euros la compra de coches.