Ana Rosa Migoya matiza los planteamientos expuestos por Fernández de la Vega sobre la financiación autonómica, con respecto a Asturias, al asegurar que una cosa son las inversiones realizadas por el Gobierno central en nuestra región y otra las transferencias del Estado para financiar los servicios públicos que se encuentran bajo la titularidad del Principado. La consejera portavoz del Gobierno regional recuerda las cuantiosísimas inversiones realizadas por el Ejecutivo de Zapatero en nuestra región, y espera que en el nuevo modelo de financiación las aspiraciones de Asturias queden satisfechas.

La importancia de las inversiones del Estado en nuestra región es un asunto que viene de lejos. No es un filón abierto por Zapatero. Para aclararnos todos: si cogemos toda la serie de presupuestos estatales desde el año 1990 hasta el 2009, nos encontramos con que somos la única comunidad autónoma que recibe todos los años, sin excepción, más dinero del que le corresponde por el peso de su población dentro del conjunto nacional y de la aportación económica asturiana al PIB español. Es una constante que se ha cumplido con los gobiernos de González, Aznar y Zapatero. Los primeros que negamos este hecho somos los propios asturianos. Las hemerotecas pueden dar buena prueba de ello, con miles de artículos de políticos, profesores y un amplio abanico de profesionales, cuya tesis común es el abandono que sufre Asturias por parte de los distintos gobiernos de España.

Desde que empezó a declinar el carbón, allá por el año 1959, hemos adoptado un discurso barroco, añorando la prosperidad perdida, un hecho del que culpamos a Madrid. Los datos niegan tajantemente esta interpretación de la realidad, pero contra los ‘mantras’ es imposible luchar; además, dejaríamos a los políticos sin discurso.

Pero la financiación autonómica es otra cosa. No cabe decir, «toma dinero para construir la variante de Pajares que ya te lo descontaré de la financiación sanitaria». El Gobierno central tiene que garantizar una financiación mínima para prestar los servicios públicos en iguales condiciones en todas las regiones. A partir de ese mínimo, el que quiera ofrecer gratis intervenciones quirúrgicas para abultar los labios con silicona, que se lo pague con el dinero de su propia hacienda autonómica.