Elena Salgado ha comparecido, en domingo, para dar algunos datos sobre la financiación autonómica, tres días antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se quiere aprobar el nuevo modelo. La segunda vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que los recursos totales del sistema se verán incrementados en 11.000 millones de euros. Hasta la pasada semana, el Gobierno hablaba de un crecimiento de 9.000 millones, aunque desde estas líneas habíamos vaticinado que se pondrían sobre la mesa 12.000 millones: estuvimos más cerca de acertar que la portavoz del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega.

Elena Salgado habló del aumento de la población, como causa de la revisión de la financiación autonómica. La ministra de Economía repasó sucintamente la estructura del nuevo modelo de financiación, haciendo hincapié en algunos aspectos, como que el fondo de garantía de los servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales) se nutre del 75% de la recaudación fiscal cedida a las comunidades autónomas, y de un 5% puesto por el Estado. Si no se explica con detalle, ese dato no dice absolutamente nada a la opinión pública, aunque para el porcentaje decimal de la población que está al tanto de los entresijos del modelo, supone un punto intermedio entre los deseos de Cataluña y los intereses de las regiones dependientes. La ministra de Economía también hizo mención al fondo de cooperación, destinado a reducir las diferencias de «renta per capita» entre las regiones. La creación de este fondo es un auténtico disparate, porque la financiación autonómica no tiene entre sus objetivos reducir la renta entre las regiones. Esa meta queda para los fondos estructurales de la Unión Europea, que tan generosamente han llegado a Asturias y ahora van para las regiones de los países de Europa del este.

Como el Gobierno de Zapatero abordó la negociación sin una base firme de partida, fue creando fondos a partir de las peticiones de las regiones. El fondo de cooperación es un logro de Chaves, en su época de presidente andaluz, con el que trató de contrarrestar las ventajas que obtenía Cataluña del fondo de competitividad. No les fue mal a ambos territorios, porque de 11.000 millones añadidos al actual sistema, Cataluña se lleva 3.855 y a Andalucía le corresponden 3.133.