Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), afirma que el Principado es uno de los gobiernos regionales más reticentes a traspasar recursos económicos a los ayuntamientos. El alcalde de Getafe y presidente de la FEMP pronostica una negociación muy dura con los responsables autonómicos asturianos para poder mejorar las cuentas de los consistorios. Pedro Castro tiene en mente un nuevo modelo de financiación local, que pasa por el traspaso de 3.000 millones de euros del Estado a los ayuntamientos y por el pago de los gobiernos regionales a los consistorios de las llamadas “competencias impropias” que gestionan.

Pedro Castro es un hombre locuaz de personalidad vehemente, que ha sufrido algún disgusto por su falta de contención a la hora de hacer declaraciones. En una ocasión descalificó a los votantes del PP, y luego rectificó diciendo que ante un micrófono se calentaba más “que la pica de la plancha”. Esta vez da un toque de atención al Gobierno asturiano, aunque falta por saber si es una valoración coyuntural, o si constituye una visión de la FEMP sobre el proceder del Principado.

En la trayectoria política de algunos de los dirigentes del Gobierno regional está la impronta municipalista. Álvarez Areces fue durante 12 años alcalde de Gijón y a las tres semanas de haber sido investido como presidente del Principado, por primera vez, convocó a los 78 alcaldes asturianos a una reunión de trabajo, el tres de agosto de 1999, de la que no había precedentes en la etapa autonómica. Otros consejeros, como María José Ramos o Graciano Torre, tienen también una dilatada experiencia municipal. Ahora bien, el pasado municipalista no implica ser adalid de las peticiones actuales de los alcaldes.

Si el cuestionamiento de la política del Principado está en la falta de cobertura financiera que sufren los ayuntamientos, lo primero que hay que hacer es definir muy bien el espacio competencial de las dos administraciones. No pueden los alcaldes pretextar que hacen esto y lo otro, y pasarle luego la factura al Principado. Lo lógico es que ambas administraciones, en materia de seguridad, inmigración o dependencia, trabajaran de forma conjunta, repartiéndose los costes. Principado y ayuntamientos no deben entrar en una guerra de competencias y recursos.