Ante el malestar de los alcaldes por la falta de apoyo de otras administraciones, el Principado asegura que mantiene su respaldo a los ayuntamientos. Un par de años atrás, el Gobierno regional concedía a los consistorios subvenciones condicionadas al cumplimiento de determinados fines, pero ahora ya reconoce la autonomía de las corporaciones locales para gestionar libremente el dinero y dedicarlo a los objetivos que consideren oportuno. Este avance no colma las ansias de los alcaldes que piden más dinero a los gobiernos, central y regional, ante la caída de los ingresos ligados a la construcción de viviendas.

A ninguna Administración pública le sobra el dinero. Al contrario, todas están asumiendo grandes déficit que les llevará bastantes años y esfuerzos enjugar. El Estado es el que ha asumido un mayor compromiso, al actuar como un padre que avala a todos los hijos: comunidades autónomas, bancos, fabricantes de coches, constructores. A favor de los ayuntamientos también ha hecho un importante esfuerzo financiando planes de empleo por valor de 8.000 millones de euros. A partir de estas bases hay que situar el debate, porque no tiene ningún sentido ser una Administración pública completamente autónoma y poner en manos de otros la solución al quebranto de las cuentas.

Gran parte de la esperanza de los alcaldes está en el reconocimiento de las llamadas “competencias impropias”, que gestionan por inhibición de las comunidades autónomas. El asunto es un tanto chocante, porque si no les corresponde hacer frente a esas demandas, lo mejor es que dejen de hacerlo sin falta de incurrir en actitudes insurreccionales, como pedía el coordinador general de IU, Cayo Lara, a los alcaldes. El argumento de la presión vecinal para gestionar las competencias impropias no es suficientemente sólido, porque nadie puede estar obligado a hacer algo que no le es exigible por ley. Y menos aún a arruinarse por acometer gastos que les corresponden a otras instituciones. La primera medicina para mejorar la economía de los ayuntamientos está en la reducción de gastos. No tiene sentido aumentar las plantillas de empleados públicos cuando caen los ingresos. La escasez de recursos no va a ser un mal pasajero, sino una característica del nuevo ciclo iniciado en el año 2007. Dos años más tarde, algunos no se han enterado.