El intento de blindar el statu quo del bipartidismo a través de medidas tomadas en las postrimerías del mandato choca con formalismos legales. El lunes se iniciará en la Junta General del Principado el debate sobre el nuevo ente de comunicación, donde quedan fusionadas la productora y la radio con la televisión. Las decisiones en la junta de portavoces no son vinculantes, dejando en manos de la mesa de la Junta la decisión. En ese órgano habrá dos votos a favor (PSOE y PP) de introducir modificaciones en el consejo de administración de la RTPA y tres en contra (Foro, IU y UPyD), con lo que el intento de diseñar un consejo controlado por PSOE y PP para los próximos seis años choca con la aritmética parlamentaria. Tampoco habrá acuerdo para elegir un nuevo director del ente, ya que PSOE y PP ligaban la elección a la formación de un consejo de administración renovado, dominado por ellos. Se seguirá con un director interino que no fue elegido por el Parlamento.

El sentido común indica que decisiones de ese calado deberían dejarse para la Cámara constituida tras los comicios autonómicos, que es la que va a controlar la gestión de la RTPA. No hay razón alguna para adelantar las modificaciones y máxime cuando provoca una manifiesta división entre los grupos parlamentarios. Estos argumentos no convencen al bipartidismo, porque entre sus prioridades está dejar atados una serie de aspectos (normas, reforma de órganos, decisiones económicas) para los próximos años. El presupuesto de 2015 se aprobó con ese objetivo, las leyes de transparencia y buen gobierno también están orientadas en esa perspectiva, y los cambios en la RTPA tratan de dejar atado un modelo de funcionamiento para seis años (legislatura y media).

Lo que no le viene bien al bipartidismo es la comisión de investigación parlamentaria sobre el “caso Villa” ni la comisión de investigación sobre la ampliación de El Musel. Tampoco le beneficia la participación electoral de Podemos. No hace falta ser muy sagaz para detectarlo, basta ver la animosidad con que reaccionan. Ante cualquiera de esas cuestiones la reacción socialista raya en la fobia. Necesitaron tres años para hacer una reestructuración del sector público que es puro maquillaje y ahora quieren aprobar doce leyes e introducir modificaciones en otras en apenas dos meses. Ya sabemos que de la lentitud de los procedimientos no tiene la culpa el Gobierno, es todo cosa de Foro y UPyD.