El pacto PSOE-PP para repartirse la representación en el consejo de administración de la RTPA y elegir un director del ente afecto al bipartidismo choca con la decidida oposición de Foro, IU y UPyD. En la junta de portavoces, Fernando Latra captó las intenciones opositoras y pidió una prórroga de una semana para sacar adelante el proyecto con más aliados. Una semana transcurre enseguida y el próximo lunes el grupo del Gobierno va a estar ante la misma encrucijada: forzar una votación que dejará al bipartito en minoría o aceptar la demanda de los tres partidos de la oposición de posponer la renovación de los órganos directivos del ente de comunicación para un nuevo mandato, en manos de una Junta General del Principado que tendrá una composición muy distinta de la actual. Sólo hay dos alternativas, o Lastra saca de la chistera un argumento legal avalado por los servicios jurídicos de la Cámara que permita llevar adelante el pacto PSOE-PP, o pasa del Diego al digo y deja la RTPA en vía muerta en espera de que un nuevo maquinista la lleve a la estación destino.

El Gobierno disponía de tres años para diseñar y ejecutar la reforma del sector público. Dada la escasa entidad de la operación (fusiones de servicios, cambios de nombre, etcétera,), la reestructuración podía realizarse en un periodo breve de tiempo. Como el Gobierno de Javier Fernández realiza las tareas con retraso o no las realiza, la fusión de productora, radio y televisión no se pudo registrar como nuevo ente hasta el otro día, por eso se aborda la tramitación parlamentaria cuando faltan tres meses y medio para la apertura de las urnas. Los obstáculos legales están salvados, pero la cercanía de los comicios convierte en imposible el consenso entre todos los partidos. Cada grupo político tiene sus intereses y, además, es muy poco presentable elegir en esta coyuntura un director para la RTPA que estará en el cargo durante seis años, cuando los diputados autonómicos finalizan su mandato en mes y medio. A eso se llama legislar para los que vienen detrás.

La RTPA es el segundo gran aliado del PSOE (el primero todo el mundo sabe quién es), que le ayuda a proyectar una imagen distorsionada del gobierno, al presentarlo como un órgano activo, decidido, que hace cosas y lucha por el interés público, sin distinguir entre municipios, empresas y ciudadanos. El PP pretende un “No-do” semejante, y para eso firmó el pacto. Pero va a ser que no.