El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer el informe semestral sobre la evolución del sector público en las comunidades autónomas. El documento tiene el valor de apoyarse en cifras, así que cualquiera puede sacar las conclusiones pertinentes con la simple lectura de los datos. Los discursos se prestan a muchas interpretaciones, pero las cifras desnudan la realidad de interesados ropajes. Todas las administraciones presentaron planes de adelgazamiento, como forma de reducir del déficit público. Programas voluntarios, en los que cada región se marcaba el objetivo que creía conveniente. El Principado fue uno de los gobiernos que se fijó una meta menos ambiciosa, proponiendo pasar de 84 entes públicos a 68. Sólo dos gobiernos regionales optaron por una rebaja más leve. La mayoría de las comunidades autónomas ya tienen muy avanzados sus deberes (85% de cumplimiento de media), mientras que Asturias sólo hizo un 62,5% de lo comprometido. El Principado es de los gobiernos que prescinde de menos entes y el que tarda más en hacerlo. A día de hoy las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Fernández han supuesto un ahorro de 648.000 euros, mientras que el conjunto de comunidades autónomas ha dejado de gastar 1.657 millones. El ahorro asturiano supone el 0,038% del llevado a cabo por los 17 gobiernos regionales.

El Gobierno asturiano opta por el inmovilismo al tratar los chiringuitos como bien de interés público: no quiere prescindir de ellos y tiene una pereza invencible para suprimir los anunciados. La mayor parte de esas empresas públicas están sobredimensionadas, fruto de los años de la abundancia, cuando se creaban media docena de artefactos cada año. Por algún motivo Javier Fernández los tiene en alta estima, y a falta de razones plausibles, tiendo a pensar que tienen el valor de la infantería: una larga nómina de empleados especialmente conectados al poder socialista. Ya sé que hay excepciones, o si se quiere, muchas excepciones, pero no deja de haber normas o pautas generalizadas.

La famosa reestructuración del sector público, dividida en tres etapas y articulada tres leyes, no pasa ser un montaje para hacer como que se hace. Aunque la crisis económica fue cosa del pasado, que no lo es, no nos podemos permitir una administración tan despilfarradora que necesita freírnos a impuestos y llenarnos la mochila de deudas. Una factura muy cara para mantener en pie los chiringuitos.