El Gobierno de Javier Fernández renuncia a llevar a cabo sus planes de reforma del sector público amparándose en que el Gobierno central prepara una norma sobre esa materia y conviene esperar a conocerla. Aunque el Ejecutivo de Rajoy no tuviera esas intenciones el Principado tampoco completaría su reforma porque existe un atasco legislativo en la Junta General del Principado producto de proyectos enviados por el Gobierno llenos de defectos y sinsentidos, que los letrados de la Cámara y los grupos de oposición tratan de reelaborar.

La reforma del sector público se apoyaba en tres leyes, la primera tenía como medida singular la venta de Sedes, la segunda versaba sobre la fusión de las sociedades que estructuran el ente de comunicación del Principado y la tercera era de carácter técnico. La constructora Sedes sigue en manos públicas, las sociedades que formaban la RTPA están fusionadas, pero el Gobierno abandonó, por falta de apoyos, a cubrir la plaza de director que está vacante, y la tercera ley quedó sin redactar.

En esta legislatura, con el recorte del déficit público como primera obligación para todos los gobiernos, Asturias es la región que menos reformas introdujo en el sector empresarial de titularidad autonómica, porque se fijó una meta más modesta (sólo recortar el 19% de su tamaño), actuó con más lentitud (a diez meses de terminar el mandato, únicamente había realizado el 62% de sus compromisos, mientras que la media de las comunidades estaba en el 85%) y abandonó la tarea antes de que acabara el mandato. El resultado final es que de los 84 chiringuitos que había en el año 2012 se mantienen abiertos 68. Y lo que es peor, se han ejecutado operaciones en clave cosmética que no aportan ahorro ni suponen un adelgazamiento de nóminas. Javier Fernández nunca creyó que hiciese falta cerrar chiringuitos, habiendo aceptado la racionalización del sector bajo presiones del Gobierno central. La falta de voluntad política es la causa de que todo haya quedado más o menos como estaba. Como tenemos muchos menos ingresos fiscales que antes de empezar la crisis económica, la única forma de mantener un gasto público tan elevado es la subida de impuestos. La razón de que Asturias tenga una presión fiscal superior a otros territorios estriba en el alto tren de vida de nuestra Administración autonómica. Estamos ante el Gobierno que menos hace y el que más cobra a los ciudadanos y más caprichos alimenta.